El letrado Gerardo Pardo de Vera Posada, recuerda que se ha constatado «para el caso de que, después de todo este calvario administrativo y personal, la testigo haya sido notificada de la concesión de la autorización definitiva de residencia temporal, con las limitaciones del RD 2393/2004, se dificulta la obtención de la tarjeta física, hasta agotar el plazo legal y, más aún, se ponen trabas a la posibilidad de conseguir las autorizaciones de trabajo, en el caso de contar con un contrato (lo que obviamente, no es lo habitual)».
«Estas prácticas -recuerda- se han detectado en el ámbito de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, concretamente en Ferrol, en donde se están dando -según los relatos de las propias mujeres- situaciones que bordean el límite de la legalidad, dado el trato recibido que se desprende de algunos testimonios, de los que también se deduce una actitud de incomprensible hostilidad por parte de algunos funcionarios policiales contra las mujeres y frente a aquellos empresarios que se muestran dispuestos a contratarlas».
Volver a la prostitución
Recuerda el letrado en el escrito dirigido al juzgado que «la actuación de algunos responsables de la Administración dista mucho de lo que marca la ley en este terreno. El trato que reciben y la situación a la que se ven abocadas es intolerable y, cuando menos, se aparta de lo que prevé la legislación de Extranjería». En este sentido cita diversos convenios firmados para la acción contra la trata de seres humanos o para la prevención, investigación o tratamiento de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
La situación es tan difícil que, según el letrado, muchas mujeres se quejaron por tener que verse obligadas a ejercer la prostitución e incluso se están planteando la posibilidad de abandonar el país «dadas las posibilidades con las que se han topado para llevar una vida mínimamente digna, a pesar de la actitud heroica que han demostrado a la hora de prestar su colaboración ante el juzgado de instrucción y la confianza depositada en la Administración de Justicia española».
En los clubes clausurados durante la operación eran explotadas más de cien mujeres.