Recursos del BNG, PP o Somos Fene pueden obligar a retomar el pleno o paralizarlo definitivamente
10 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Se cumplen quince días desde que la concejala del BNG de Fene Mariela Aguilar paralizase el pleno de debate de la moción de censura impulsada por PP y Somos Fene para desbancar al alcalde nacionalista, Juventino Trigo. Dos semanas en las que el proceso no ha hecho más que enquistarse en los tribunales, con múltiples causas abiertas que deberán arrojar luz sobre el futuro de la alcaldía fenesa.
Somos Fene
Ya hay resolución. El proceso más avanzado es el de Somos Fene. Se inició el 3 de agosto contra la decisión del Concello de considerarles no adscritos por la expulsión del partido al amparo del que concurrieron a las elecciones, PDD. El juez les devolvió sus derechos como grupo Somos Fene de forma cautelar, momento en el que se presentó la moción. A raíz de la decisión de Aguilar, denunciaron la medida al considerar que vulnera esos derechos, por paralizar la moción en alusión al escrito del PDD. Somos pidió al juez la ejecución del auto de la medida cautelar al considerar que Aguilar realizó caso omiso, ante lo que el juzgado vuelve a pronunciarse de forma favorable para ellos.
BNG
Intento de paralizarlo. Trigo, en calidad de concejal del BNG, presentó antes del pleno un recurso por el que pedían como medida cautelar que se suspendiese la sesión alegando que la convocatoria no había sido realizada de forma correcta. Aunque el juzgado de los Contencioso Administrativo de Ferrol no admitió la suspensión, continúa abierto el proceso. El Concello remitió al expediente administrativo el pasado día 2, lo que se notifica a los interesados en el proceso y se les emplaza para que puedan compadecer en el juzgado. Trigo también niega que no se le haya facilitado el escrito de PDD -por el que Aguilar paralizó el pleno- al resto de partidos, tal y como denuncia el PP, y asegura que ya disponen de él e incluso más documentación.
PP
Contra la presidenta de la mesa de edad. El PP impulsó un contencioso de protección de los derechos fundamentales con el que busca dejar sin efecto la decisión de la presidenta de la mesa de edad. Proceso que también está pendiente.