El TSXG confirma la improcedencia de un despido en el Ayuntamiento cedeirés

CEDEIRA

El juzgado de lo Social había fallado a favor del arquitecto técnico encargado del Punto de Información Catastral

01 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar la sentencia de un juzgado de lo Social de Ferrol que declaraba improcedente el despido del encargado del Punto de Información Catastral de Cedeira, el arquitecto técnico José Luis Parada Freire, y condena al Concello al abono de las costas procesales.

El puesto en cuestión había sido creado por el anterior gobierno tripartito que presidía el socialista José Luis Vergara y, según se recoge en la sentencia, además de responsabilizarse del Punto de Información Catastral, el citado arquitecto técnico realizaba la memoria valorada de las obras acordadas por la Xunta de Goberno y los informes de habitabilidad encargados por el Concello. También había sido dado de alta en el Registro del Usuario en la sede electrónica del Catastro para el ámbito territorial de Cedeira desde el año 2013.

En respuesta al recurso interpuesto por el Concello contra la sentencia de despido improcedente, que se basaba en que el asunto tendría que solventarse en el Contencioso, el TSXG señala que las funciones que desarrollaba el afectado no eran en general las propias del personal eventual. «No realizaba fundamentalmente funciones de confianza o asesoramiento especial, pues de entre todas las relatadas, únicamente cabría predicar tal naturaleza, a lo sumo, de las relativas al acompañamiento del cargo político para dar asistencia y asesoramiento técnico», se apunta en el fallo del TSXG, que concluye que «no nos encontramos ante un personal eventual excluido del conocimiento del orden jurisdiccional social.

El técnico en cuestión también ha interpuesto una reclamación patrimonial al Concello por una responsabilidad patrimonial desde 2014 y otra solicitando el abono de la antigüedad de seis trienios. Para conseguir la documentación del Concello tuvo que acudir al Valedor do Pobo, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la Agencia Española de Protección de Datos.