Las sanciones, que van de 60.000 a 300.000 euros, acaban con el «ti vai facendo»

La colaboración de los alcaldes es clave para advertir al infractor del peaje que deberá pagar


SANTIAGO / LA VOZ

El refuerzo de la disciplina urbanística que comenzó a aplicarse en Galicia a raíz de la Lei do Solo 9/2002 y sus sucesivas reformas ha ido desmontando una de las teorías más arraigadas sobre la anarquía constructiva en esta comunidad, la del «ti vai facendo», que se sustentaba en una cierta connivencia o un mirar para otro lado del poder municipal respecto a las edificaciones ilegales. Ahí ha estado la clave del combate contra los desmanes, en asegurar la colaboración de los alcaldes para advertir al infractor del peaje que deberá pagar.

Porque el derribo de la edificación ilegal no es la peor consecuencia de una actuación que puede dar con el infractor en el banquillo por un delito contra el territorio o expuesto a la aplicación de un régimen sancionador que contempla multas que van desde los 60.000 a los 300.000 euros. En esa colaboración de los alcaldes y de los técnicos municipales para tratar de poner coto a las irregularidades urbanísticas también está resultando esencial la implicación de un número cada vez mayor de concellos en la propia APLU. En la provincia ya son 22 los adheridos: Ares, Arzúa, A Baña, Boimorto, Cabana, Cabanas, A Capela, Carballo, Cedeira, Cerceda, Dodro, Fene, Lousame, Miño, Mugardos, Oroso, Ponteceso, Porto do Son, Toques, Val do Dubra, Vedra y Cariño.

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Las sanciones, que van de 60.000 a 300.000 euros, acaban con el «ti vai facendo»