Se acusa a Duarte de generar un peligro para el medio y la salud humana
09 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El empresario eumés Fermín Duarte Rodríguez, gerente de las empresas Manmer y Rías Altas Obra Civil y Promoción, se enfrenta a la petición de la Fiscalía de tres años de prisión y multa de 7.200 euros como presunto autor de un delito contra el medio ambiente por la importanción de áridos contaminados de Holanda. La acusación pública solicita, asimismo, su inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción durante tres años, además de la responsabilidad de proceder al desmantelamiento completo de los depósitos de material acumulado en el puerto exterior de Ferrol y en un monte de Cabanas, respetando las disposiciones legales y administrativas vigentes.
En las conclusiones provisionales de la Fiscalía se recoge que el acusado comercializó 712.957 toneladas de un material procedente del fresado de carreteras de Holanda, al que supuestamente se había aplicado un proceso de valorización ambiental consistente en el someterlo a elevadas temperaturas para eliminar los compuestos contaminantes. Si realmente se hubiese tratado, el material en cuestión, que el acusado distribuía bajo el nombre de ARA -aglomerado de reciclado asfáltico- podría ser reutilizado como base de relleno para nuevos viales o explanadas.
Importación
El referido material le era suministrado al acusado por la mercantil Holding Transmediterráneo de Construcciones (HTC), que organizó su transporte y descarga desde el puerto de Rotterdam hasta el puerto exterior de Ferrol en 35 buques entre el 25 de julio de 2009 y el 25 de junio de 2010. A continuación, los áridos fueron trasladados a unos acopios establecidos en dos fincas rústicas de Cabanas, concretamente en la zona de Os Cocidos y en el polígono Vilar do Colo.
Sin embargo, según la Fiscalía, el pretendido ARA no había sido sometido al proceso de valorización y contenía hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de los cuales con cancerígenos o posiblemente cancerígenos, de manera que su uso podría causar un grave daño al medio ambiente e incluso a la salud humana, al ser posible su transmisión a la cadena alimentaria.
Por estos motivos y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención y reparación del daño ambiental, la Consellería de Medio Ambiente estableció en mayo de 2010 unas medidas para controlar tanto el almacenamiento previo como la utilización posterior.
Almacenamiento
En concreto, se ordenaba que los almacenamientos fuesen efectuados sobre una superficie impermeable evitando el contacto directo del material con el suelo y, preferentemente, bajo cubierta. En el caso de hacerse a cielo abierto planteaba que se cubriesen el material para evitar el contacto con el agua de lluvia y que se ejecutase un sistema perimetral de recogida. En cuanto a la utilización como relleno, la Xunta establecía la necesidad de realizar una evaluación de riesgos de la zona y que se garantizase la no producción de lixiviados.
Según la Fiscalía, el acusado, «despreciando» la citada resolución, «generó un peligro para el medio ambiente y la salud humana, continuando la comercialización del citado material sin adoptar las medidas administrativas exigidas, ni cuando utilizaba el material en obra ni cuando lo enajenaba a otros contratistas para su empleo». En las conclusiones del fiscal se añade que el riesgo se veía además incrementado por la proximidad de los depósitos al mar en el puerto exterior de Ferrol y a la ribera del río Baa, en el municipio de Cabanas.
En el primero de los emplazamientos hay 157.500 metros cúbicos, mientras que en Cabanas se acumulan en un suelo pavimentado 4.800 metros cúbicos y en una finca rodeada de vegetación otros 135.000. El material se utilizó en múltiples emplazamientos dentro de la comunidad gallega, entre los que figuran las obras realizadas en 2011 en el puerto exterior de Ferrol y en el barrio de Santa Icía, en Narón.