Endesa explorará con Gobierno y Xunta vías para la planta pontesa sin pedir aún el cierre

Beatriz García Couce
Beatriz Couce FERROL

ECONOMÍA

BENITO ORDOÑEZ

La eléctrica sostiene que por ahora no es rentable mezclar el carbón con otras materias pero seguirá probando

02 oct 2019 . Actualizado a las 20:44 h.

Postura unánime en Madrid, en el Ministerio de Transición Ecológica, para pedir que la central térmica de As Pontes continúe funcionando. En la reunión que mantuvieron ayer durante varias horas todos los protagonistas de la crisis desencadenada por el anuncio de Endesa de dejar de producir electricidad con carbón en España, Administraciones, representantes de los trabajadores y transportistas reclamaron una transición ecológica justa y que la eléctrica explore todas las vías para que las instalaciones continúen operando.

Después de resultar expulsada del mercado por el alto coste de adquisición de los derechos de emisión de dióxido de carbono, el desplazamiento del carbón en el mercado de generación por otras fuentes, como el gas y las renovables, y la pérdida de competitividad por distintos impuestos, Endesa comenzó el pasado verano a realizar pruebas para intentar rebajar los costes de producción combinando el uso del carbón con otros combustibles. Pero en la reunión de ayer dejó claro que por el momento, los resultados de esos ensayos no permiten retomar la actividad de forma que sea viable económicamente.

Así, la compañía energética explicó en el encuentro que, en las condiciones actuales, por cada megavatio que genera en la térmica de la villa minera pierde 16 euros. Aun logrando que se eliminase el conocido como céntimo verde -que grava la generación con carbón frente a otras tecnologías-, continuaría anotándose números rojos, de diez euros por megavatio. Al mezclar el mineral con otros combustibles, como desechos forestales o lodos procedentes de depuradoras, ahondaría en la rebaja de la factura, pero tendría que conseguirse una cuota de sustitución del carbón por encima del 30 % del total, y por ahora no se ha logrado alcanzar ese escenario.

Ese es el acuerdo alcanzado ayer en el Ministerio de Transición Ecológica. Se pondrá en marcha un grupo de trabajo en el que se analizarán las medidas necesarias desde todos los ámbitos para que se pueda reactivar la planta.

Endesa -que, entre otros, estuvo representada por su consejero delegado, José Bogas- reiteró en el encuentro que aún no tiene encima de la mesa el cierre de la central, en donde seguirá con las pruebas. También anunció que completará la inversión de 217 millones para la transformación total de las instalaciones. Fuentes de la compañía propiedad del Grupo Enel insistieron al término de la reunión en que la decisión tomada por el consejo de administración fue muy meditada y apoyada en una falta de viabilidad de las instalaciones. No obstante, reiteraron su voluntad de agotar todas las posibilidades para la térmica.

Conde, el más crítico

Mientras que el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y el presidente del comité de empresa de la planta, Luis Varela, valoraron que por primera vez todos los actores implicados se sentasen para abordar el problema y ahora se busquen soluciones de futuro, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, fue el más crítico. Acusó al Gobierno de acudir al encuentro «sin proposta algunha». Pidió un «plan específico de transición xusta» y una «reacción inmediata».

Formoso apeló a la prudencia y, aunque rehusó levantar expectativas que podrían no materializarse, ya que incidió en la complejidad de la situación, valoró que todas las partes trabajen unidas para que «Endesa no renuncie a ninguna posibilidad».

Formoso acude este jueves a Bruselas para evaluar soluciones en la Unión Europea

Cuando la situación de parálisis de la térmica de As Pontes comenzó a agravarse, el alcalde de este municipio de la comarca eumesa, el socialista Valentín González Formoso, siempre puso el foco del problema en dos Administraciones: en la Unión Europea, ya que a este ámbito pertenece el mercado de los derechos de compra de los derechos de emisión de CO2 -cuyo precio se ha disparado en solo un año-, y en el Gobierno central, por la toma de medidas como la eliminación del impuesto denominado céntimo verde a las plantas de gas, mientras lo mantiene en las de carbón. Después de haber mantenido ayer una reunión con el resto de las partes implicadas en el Ministerio de Transición Ecológica, el regidor pontés acude esta mañana a Bruselas a reunirse con la directora general de Energía, Ditte Juul Jorgensen, con quien abordará la situación y las posibles medidas que puede tomar el organismo comunitario ante el proceso de descarbonización que se está acelerando en distintos países de la UE.

Transportistas

También se abordó en el encuentro la situación de los transportistas, primeros afectados por el parón de la térmica. Son 150 profesionales que llevan más de cinco meses sin ingresos y sin actividad, por lo que están protagonizando encierros en los concellos. Aunque ayer no se abordaron propuestas específicas para este colectivo, se abrió una puerta para hacerlo. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se comprometió a impulsar un encuentro específico con la patronal del transporte, en el que evaluarán posibles soluciones a la situación, conjuntamente con el Ministerio de Economía.

Trabajadores auxiliares

Otro de los colectivos afectados son los trabajadores de las empresas auxiliares, alrededor de 250 empleados, que tienen sus puestos en jaque si Endesa decide cerrar la térmica de carbón. Los sindicatos CC.OO. y CIG se pronunciaron en este sentido. El secretario de la Federación de Industria de Comisiones de Galicia, Víctor Ledo, explicó que habían elevado dos propuestas. Al Ministerio de Transición Ecológica le pide que ponga en marcha el Plan Nacional de Transición Energética Justa, que incluye medidas y presupuestos también para las empresas auxiliares y para los municipios afectados. Por otro lado, aboga por el establecimiento de un acuerdo tripartito entre las Administraciones, los agentes sociales y la empresa energética, encaminada a conseguir ese mismo objetivo, para salvaguardar los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, así como para ayudar a las comarcas. «A nada se le dijo que no, pero tampoco a nada se le dijo que sí por ahora», afirmó.

Alberte Amado, de la CIG, también se manifestó en defensa de los empleos auxiliares, por cuanto Endesa ya ha garantizado los puestos directos de la central. La central nacionalista insiste en que los empleados de subcontratas también tienen que tener garantías en los proceso de cambio que se avecinen.

En el plazo máximo de un mes, es decir, a las puertas de las elecciones, el grupo de trabajo que acordó ponerse en marcha ayer se reunirá de nuevo para volver a poner encima de la mesa los resultados de las pruebas con biocombustibles que seguirá haciendo la térmica. En ese grupo participará también el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (Idae).

En As Pontes, la asociación empresarial Seara abordará esta tarde, a las 19 horas, la crisis en el centro de dinamización empresarial.