El coste anual del servicio, incluida la prestación básica, sobrepasa los 11 millones de euros, y el sector ocupa a unas 800 personas
13 ene 2019 . Actualizado a las 21:17 h.La población de Ferrolterra, Eume y Ortegal envejece y la demanda de ayuda a domicilio va a más. De los 2.333 usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en los veinte concellos ?la cifra varía casi a diario por fallecimientos e incorporaciones?, 1.687 tienen reconocido algún grado de dependencia. El coste anual global del servicio, con cerca de 800 trabajadoras, sobrepasa los 11 millones de euros. En la atención a dependientes, la Xunta aporta 9,7 euros por hora de servicio y persona, y el resto del gasto lo asumen concellos y beneficiarios. La carga varía en función del tipo de gestión, pública o privada, mayoritaria ya en la zona, y de la empresa contratada.
El peso de la prestación básica o de libre concurrencia (ayuda a domicilio convencional) recae sobre los concellos, con subvenciones de la Diputación y contribución de los usuarios. El mayor número de dependientes reconocidos corresponde a Ferrol (348), Narón (230) y As Pontes (139), y destacan el caso de Neda, con 120 y poco más de cinco mil habitantes. «Tenemos más de 60.000 horas al año, somos el que más de los de nuestro tamaño en la provincia. Casi el 35 % de la población es mayor de 65», resalta el alcalde, Ángel Alvariño.
Las amenazas del servicio
Diego Rodríguez, trabajador social del Concello de Cerdido, donde se centraliza buena parte de la formación en materia sociosanitaria, enumera algunas amenazas del SAF a dependientes: «Escaso financiamento autonómico [el servizo es competencia de la Xunta]; economía sumerxida e competencia desleal de persoas non formadas; falta de formación específica e continua; sobrecarga dos traballadores sociais e dos coordinadores das empresas; ou o excesivo retraso na tramitación de expedientes por parte da Xunta».
El técnico también alerta de los riesgos «de mala praxis e malos tratos aos maiores», de la distorsión por parte de los familiares sobre los objetivos del servicio y «da excesiva externalización, coa entrada de empresas que incumpren no ámbito laboral». Respecto a este último punto, Suso Soto, concejal del área en San Sadurniño, sostiene que el servicio «está infrafinanciado por parte da Xunta» y ve inviable la gestión directa «nas condicións económicas e laborais» fijadas.