La Policía Nacional tendrá que indemnizar a un agente agredido en Ferrol por una persona insolvente
FERROL
La Dirección General de Policía le abonará 2.308 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio
08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Un agente de la Policía Nacional que fue agredido en Ferrol en el año 2017 por una persona insolvente tendrá que ser indemnizado ahora por el cuerpo policial. La reclamación ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que la Dirección General de Policía (Ministerio del Interior) presentase recursos contra la indemnización. Ahora la Policía Nacional deberá indemnizar a este agente con 2.308 euros por lesiones sufridas en acto de servicio, después de que el agresor fuera condenado pero declarado insolvente.
El conflicto no se basaba en si el agredido tenía derecho a cobrar (algo ya reconocido en una sentencia penal previa), sino en si su derecho a reclamar a la administración había prescrito. El abogado del Estado sostenía que el plazo para reclamar era de un año, y que como ya había pasado más de ese tiempo desde la declaración de insolvencia del agresor ya no había lugar a la reclamación.
Principio de Indemnidad
Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar que este caso no se rige por la responsabilidad patrimonial sino por el principio de indemnidad. Este último indica que los funcionarios que actúan en interés público no deben sufrir perjuicios económicos por el ejercicio de sus funciones. Y si el autor de las lesiones es insolvente, la administración tiene que pagar. En el caso de la Policía Nacional, no hay una norma específica (sí la hay en la Guardia Civil con un plazo de un año) y se aplica la Ley General Presupuestaria con lo que el plazo de reclamación sería de cuatro años.
Es más, incluso si se aplicara el plazo de un año, la administración no acreditó en este ejemplo cuándo se notificó fehacientemente la insolvencia al policía. El causante de las lesiones fue condenado en 2017, con indemnización a la víctima de 6.370 euros, y declarado insolvente en el año 2021. La reclamación para la indemnización a la Dirección General de Policía fue realizada por el agente en 2022, al año siguiente de la insolvencia.