El IBI aporta siete de cada diez euros recaudados a través de impuestos

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela SANTIAGO

FERROL

Vista de edificios en la zona urbana de Ferrol, con Canido en primer término.
Vista de edificios en la zona urbana de Ferrol, con Canido en primer término. JOSE PARDO

Cada contribuyente de la provincia paga por este tributo unos 400 euros

16 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Los ayuntamientos cuentan con diversas vías de recepción de fondos para sufragar sus gastos. La recaudación a través de impuestos es una de las principales, especialmente en el caso del gravamen sobre bienes inmuebles. En el caso de los concellos de la provincia, algo más de 400 millones de euros entraron en las arcas municipales a través de impuestos directos e indirectos. Entre estos últimos, algo menos de 30 millones en total, la mayoría procedieron del tributo sobre construcciones, instalaciones y obras, que aportó unos 21 millones. Entre los impuestos directos, el principal es el de bienes inmuebles (IBI). Insuflan siete de cada diez euros procedentes de la recaudación a través de tributos a la tesorería de los concellos: 269 millones de euros, lo que equivale a algo más de 400 euros por vecino.

Dentro del IBI hay tres tipos diferentes según la clasificación del sujeto imponible. Los de naturaleza rústica abarcan instalaciones ganaderas, agrícolas, forestales o piscícolas, y aportan 10,7 millones de euros. Les siguen las de características especiales, con 20,3 millones, que gravan autopistas como la AP-9 o la AG-55, inmuebles destinados a la producción de energía eléctrica, gas o refinerías, embalses, aeropuertos y puertos comerciales. El grueso de esta recaudación procede de los impuestos a bienes de naturaleza urbana, con 238,6 millones. Solo en la ciudad de A Coruña, los impuestos directos suponen unos ingresos superiores a los 100 millones.

Otras fuentes de financiación importantes para los ayuntamientos de la provincia son el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con 54,2 millones; el impuesto sobre actividades económicas —que grava a sociedades, autónomos y entidades sin personalidad jurídica—, con 35; y el tributo sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como el de plusvalías, con 21 millones.

210 millones en tasas

Los concellos también encuentran una importante vía para financiarse en el cobro de tasas a los ciudadanos. En total, los contribuyentes de la provincia de A Coruña pagan 210,6 millones de euros por ellas. Destacan las cobradas por la prestación de servicios públicos básicos, como el tratamiento de residuos, el mantenimiento de los bomberos o los transportes especiales, con 95 millones. Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local —tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de suministros o arquetas—, se ingresan 35,1 millones; mientras que por la realización de actividades de competencia local son 12,4 millones.

Las transferencias corrientes suponen, sin embargo, el principal pilar en la financiación de las entidades locales, con 460 millones —los ingresos totales superan los 1.600—. El Estado envía 249 millones a los concellos coruñeses, frente a los 128 de la Xunta.

Ballesteros es profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Santiago de Compostela.
Ballesteros es profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Santiago de Compostela. XOAN A. SOLER

Alejandro Ballesteros, profesor de Economía Aplicada de la USC

«Hay que evaluar si compensa atraer empresas con ventajas fiscales»

Reconoce el economista Alejandro Ballesteros que no está claro por qué los concellos gallegos ingresan menos que el resto. «Puede ser por falta de voluntad política o un problema burocrático en la recaudación», expone.

—¿Y por una menor carga fiscal debido al bajo poder adquisitivo de los muchos pensionistas?

—La renta influye en los impuestos, pero en este caso no debería. Los concellos pueden ajustar los tipos de gravamen en el IBI si se producen elevaciones del valor catastral en los municipios. Se puede bajar un poco para que el tipo sea menor para los contribuyentes, es una decisión política. Los ingresos afectan más, teniendo en cuenta que las diputaciones son las que pasan los recibos del IBI en la mayoría de ayuntamientos, a la capacidad recaudatoria.

—¿Es necesario aumentar la recaudación?

—Creo que sí. Pero, claro, pensemos en que de repente llega un cargo de la Diputación o del concello de 500 o 700 euros por el IBI. Es un impacto directo. Cualquier ciudadano, aunque sea un pensionista, ve que se le ha quitado ese dinero de su cuenta corriente porque ha pagado el impuesto. No es como el IRPF que te lo quitan de la nómina. Para aumentar la recaudación hay que explicarle bien a los ciudadanos que se necesitan recursos para prestar los servicios que se prestan.

—Falta pedagogía, entonces.

—Sí, en la fiscalidad en general. La gente puede ser favorable a la reducción de impuestos, pero luego nos encontramos con esperas de veinte días en atención primaria. Hay que explicar para qué sirven los impuestos.

—¿Es partidario de los incentivos fiscales a empresas para que se instalen en un municipio?

—Hay ayuntamientos que pueden bajar el IBI o el IAE. Ahí hay que evaluar si compensa o no. ¿Qué gano de hacerlo? Que vengan empresas y atraigan trabajadores, dinamicen la vida social… Igual supone que se instale un supermercado, que contrate trabajadores; que haya más bares… Si atraes empresas puedes hacer que se dinamice actividad económica. Pero hay que evaluar hasta qué punto compensa hacerlo. El problema está en si, por ejemplo, se bajan impuestos a empresas para que se instalen en Santiago pero los trabajadores se muden al concello de al lado. No estás consiguiendo nada. No se consigue ese efecto expansivo que se buscaba al bajar los impuestos a esa empresa.