Consideran excesivo el horizonte de ocho años planteado
17 ago 2022 . Actualizado a las 23:40 h.El pleno que se celebrará el próximo jueves decidirá si se aprueba el documento que incluye las inversiones de Emafesa para llevar el saneamiento a la zona rural. De su aprobación dependerá el cumplimiento de una demanda histórica en las parroquias, para la que los vecinos piden celeridad. El gobierno local llegará, previsiblemente, a la sesión sin los apoyos garantizados, después de que ese texto en cuestión, la adenda al protocolo de ejecución entre el Concello y Emafesa para la gestión, explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración, pasase por la comisión de Medio Ambiente, Urbanismo, Servizos e Obras sin que la oposición haya desvelado cuál será el sentido de su voto, que se reservan para el pleno.
En esa sesión hablará el presidente de la Agrupación de Asociaciones de la Zona Rural, Manuel Sendón, que ayer pedía que se aparquen las cuestiones políticas y el documento se apruebe. «Como vecinos, el juego de tronos ya lo llevamos sufriendo muchos años», reprocha. «Que lo aprueben de una vez», reclama. «Estamos cansados de que el tema del saneamiento sea la baza electoral de todos los partidos, pero que nunca la acaben de cumplir», incide.
Antes del 2030
El alcalde, Ángel Mato, explicaba esta semana que la aprobación del documento implicará la realización de las inversiones del saneamiento en un horizonte máximo de ocho años, ya que en el 2030 expira el contrato con el socio privado —Urbaser, en 1999, cuando se constituyó la empresa mixta, y ahora su filial Socamex— cuando se constituyó Emafesa. «No estamos de acuerdo, ocho años nos parece demasiado», expresa Sendón, que pide que se acorte ese plazo. «Trataremos de que eso se corrija, porque seis años nos parece más que suficiente», expresa, sobre todo pensando en las parroquias a las que tardará más en llegar el saneamiento, como Covas, de la que él es también su presidente vecinal.
El coste de llevar el saneamiento al rural superará los diez millones de euros. «Si se hubiese hecho en 2015 valía 6,5 millones», apunta. Pero, cuestión económica al margen, ahora lo prioritario, incide, es que se desbloquee la cuestión.