Cuando Endesa estaba llevando a cabo algunos trabajos previos al desmantelamiento de la térmica pontesa, el Gobierno central anunció que iba a pedir un nuevo informe a Red Eléctrica para asegurarse que el apagado definitivo de la central térmica no va a comprometer la seguridad del suministro en el país ante un eventual problema en el sistema. El Ministerio de Transición Ecológica quiere curarse en salud porque los eventuales y excepcionales acontecimientos que dos años atrás podrían calificarse de imposibles pueden originarse. Tras la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y los recortes energéticos que padecerá toda Europa, la decisión de clausurar la térmica pontesa no es sencilla de tomar, pese a la firma defensa de la descarbonización por parte de la ministra Ribera.
Sin embargo, precisamente por esa complejidad, las instalaciones de la antigua villa minera parecen haberse quedado en un impás. Aunque estaba previsto que el informe estuviese en poder del Gobierno hace ya casi dos semanas, finalmente ese escenario no se ha dado, y el mes de agosto —improductivo en algunas áreas— avanza sin que se tengan noticias de ese dictamen.
Endesa prorrogó la ocupación de sus empresas auxiliares hasta el 31 de septiembre y congeló los traslados de su plantilla hacia sus nuevos destinos, pero la realidad es que la central está inoperativa, aunque no cuenta con el cierre, cuya tramitación comenzó hace dos años y siete meses, sin acopio de carbón por si tiene que reactivarse y con el futuro por dibujar.