El PP y el BNG critican la decisión y el gobierno local asegura que se mantendrá el servicio con personal municipal en el edificio del Concello
13 oct 2020 . Actualizado a las 21:09 h.La oficina municipal del Catastro situada en un entresuelo del número 19 de la calle Rubalcava ha cerrado sus puertas. El contrato que mantenía el Concello para este servicio expiró y no se ha prorrogado, en una decisión que ha desatado la controversia política. El grupo municipal del PP denunció el cierre de esta oficina tras diecisiete años en funcionamiento donde, sostiene, se atendía una media de más de 2.000 personas al año. El portavoz popular, José Manuel Rey Varela, lamentó una decisión «unilateral» del gobierno local que atribuyó a la «incapacidad» para licitar el servicio. Y que aseguró que «obligará a los ferrolanos a desplazarse a A Coruña», mientras otros municipios, como Narón o Fene, citó, mantienen el servicio de atención personalizada para las reclamaciones, los cambios de titularidad o las altas catastrales. Además, censuró que esto provoque que dos personas pasen a la situación de desempleo «en el peor momento de la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia».
Considera que, además, esta decisión es una mala noticia especialmente para los vecinos de la zona rural, que entre este año y el próximo deberían recibir los más de 5.000 títulos de la concentración parcelaria «y que ahora se encontrarán con una nueva incertidumbre». Rey Varela instó al alcalde, Ángel Mato, a rectificar y «mantener un servicio público de atención ciudadana fundamental».
Atención en el Concello
El gobierno local desmintió que el cierre de la oficina suponga la supresión del servicio, que se seguirá prestando en el edificio del Concello de forma directa por personal municipal, aseguraron fuentes oficiales. Además, trasladaron que la intención es ampliar las prestaciones, y aunque no se descarta la futura contratación a otra empresa, la intención es que se haga a través de la Dirección General del Catastro.
El PP preguntó en la comisión de Economía e Facenda celebrada ayer por esta cuestión y asegura que «desconocen el coste de la alternativa ante este cierre, se habla sobre un supuesto convenio del que no existe borrador alguno».
Por su parte, el BNG exigió al gobierno local que realice las gestiones necesarias para que la oficina siga abierta. Y defiende que lo ideal sería que el Concello prestase este servicio de forma directa con personal municipal de forma definitiva, pero que si la decisión es volver a contratarlo externamente, reclama que se subrogue al personal.