Pedro Sánchez afirma que la cogobernanza llegó para quedarse. El Gobierno que preside reitera que España ya se está cogobernando aunque no lo sepa. Sitúa en este nivel de corresponsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos, con las que mantiene un diálogo permanente desde que descubrieron la fórmula de la videoconferencia dominical. Y para darle forma a este hecho sin precedentes emitió la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. En ella se apela a la cooperación, la colaboración, gobernanza conjunta, consenso y otras bellísimas palabras extraídas del mejor diccionario político. Pero (siempre hay un pero y en este caso es muy de agradecer) allí se explicita que las decisiones finales las tomará el Gobierno de la nación con la firma de la correspondiente autoridad delegada.
En realidad el decreto no hace más que trasladar la intención del texto constitucional al ámbito de la solución de un problema nacional como es la emergencia sanitaria, económica y social que está causando el covid-19. En la Constitución del 78 se delimitó el ámbito de autogobierno de las comunidades autónomas y el canal adecuado para la representación territorial: el Senado. No fue el producto de una mala digestión, que diría Fernández Flórez en alguna crónica parlamentaria, ni un mal sueño. Fue una decisión acertada que derivó más bien en una pesadilla. Jamás ha funcionado el Senado como cámara territorial y las conferencias de presidentes han pasado sin pena ni gloria durante 40 años. Igual que sucedería ahora si tuvieran que ser presenciales en lugar de estar cada uno en su despacho.
Quim Torra afirma desde los medios catalanes que él no ha visto la cogobernanza por ninguna parte. El presidente valenciano hace mención a los agravios comparativos entre regiones. El andaluz dice que se siente discriminado. La presidenta de Madrid afirma sin ruborizarse que la situación actual es como una «suerte de dictadura». El jefe de la oposición dice que ya agotó la cuota de lealtad. Los ultraconservadores están convencidos de que el armazón constitucional que ampara las administraciones central, autonómica y municipal solo sirve para demoler «la arquitectura de las instituciones». Frente a ellos hay formaciones que añoran un estado federal. Pero la mayoría se olvida de que España tiene pendiente hacer un pacto de lealtad y solidaridad; los españoles nos mostramos incapaces de defender lo común, de aprender a no barrer siempre cada uno para lo suyo. Nos olvidamos de fabricar estadistas que puedan cogobernar un país envenenado, y no solo por un virus.