La montaña de sentencias y recursos en torno a si Navantia tiene o no que pagar el IBI al Concello por los terrenos que ocupa el astillero ferrolano sigue creciendo. Por el momento, se ha confirmado que hasta el 2015 estaba exenta de abonarlo, porque las instalaciones estaban ubicadas en suelo afecto a la defensa nacional, pero la situación generada a partir de ahí, tras una modificación del convenio con el Ministerio por la que Navantia pasa a ser concesionaria de los terrenos e instalaciones en los que se asienta, ha dado pie a que el juzgado Contencioso Administrativo y el TSXG dictaminasen que desde ese cambio sí tiene que pagar el IBI. No obstante, esta resolución todavía no es firme, porque se está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el último recurso interpuesto por la compañía pública contra dichas sentencias.
Los fallos judiciales referidos al período anterior al 2015 han propiciado un movimiento de ida y vuelta de varios millones de euros entre Navantia y el Concello. Así, entre el 2008 y el 2011 el astillero abonó al ayuntamiento, a través del Ministerio de Defensa, un montante de 2.254.870 euros por las liquidaciones del IBI, en cumplimiento de varias sentencias. En un desglose por ejercicios, 525.496,92 corresponden al importe sufragado en 2008; 561.035,23 en 2009; 590.308,77 en 2010; y 578.029,74 en 2011.
Se trata de unas cantidades que el Concello tiene que devolver o compensar con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que Navantia sí está obligada a abonar. A modo de ejemplo, cabe señalar que la liquidación por el IAE correspondiente al ejercicio del 2016 asciende a 647.415,40 euros.
Depósitos en la cuenta judicial
Atendiendo a lo establecido en las sentencias, las compensaciones planteadas por el astillero público ya se están tramitando y, en paralelo, se está procediendo a la devolución de parte de una parte del importe cobrado indebidamente. De hecho, el Concello ya ingresó en julio de este año algo más de 500.000 euros en la cuenta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol y alrededor de 400.000 más el pasado septiembre.
El dinero en cuestión, en torno a 900.000 euros, continúa en depósito en el juzgado, en espera de que se determine si tiene que retirarlo Defensa o Navantia. Este extremo parece no estar muy claro, ya que si bien el importe del IBI fue aportado por la compañía pública, quien realizó el ingreso en las arcas municipales fue el Ministerio.
En cuanto al período del 2015 en adelante, hay dos sentencias fechadas en febrero del 2019 que establecen la obligación del astillero de abonar al Concello de Ferrol un montante cercano a 1,4 millones de euros, correspondientes a las liquidaciones de los años 2015 y 2017.
Uno de los fallos procede del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol y concluye la desestimación de los recursos interpuestos por la compañía frente a la liquidación por el IBI del 2017, por importe de 752.649,11 euros. La jueza estimó en ese momento que no procedía la exención administrativa argumentada por la parte demandada, porque, a raíz de una modificación en el convenio con Defensa, Navantia es ahora concesionaria de los terrenos e instalaciones en las que se asienta.
El otro fallo procede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima el recurso contra otra sentencia del juzgado ferrolano que establecía el abono del IBI del 2015 por importe de 629.967,31 euros. Y lo hace bajo el mismo argumento anterior, en el sentido de que el propio convenio con Defensa «parte de la obligación de Navantia de satisfacer los tributos pertinentes, entre ellos el IBI». Ambas sentencias fueron recurridas y ahora se está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto.