El 80 % de los vecinos de la provincia tendrán Internet por fibra en un año

La Xunta incentiva a Telefónica con 14 millones para llegar a las zonas sin cobertura


A CORUÑA / LA VOZ

El 18 de junio pasado el actual primer ministro británico publicó una columna en un diario londinense en la que señalaba a Galicia como un paraíso en cobertura de Internet. «Hay pueblos remotos gallegos que tienen acceso a la velocidad de la luz a todas las glorias comerciales y culturales de la web. Hay ciudades enteras británicas donde la gente todavía tiene que soportar con frustración cómo se mira fijamente una lenta rueda del destino de pizza», escribió el entonces candidato. De haberlo leído, los 18 vecinos de Pontecesures, un lugar de la parroquia de Iria, en Padrón, no habrían dado crédito. Ni los 533 de Buño, en Malpica; los 822 de O Seixo, en Mugardos, o los 734 oleirenses de Lorbé, que dependen para conectarse de los caprichos de una poco fiable antena inalámbrica 4G, como las que dan servicio al 99 % de los habitantes de la provincia de A Coruña. Para más de 400.000, el 33 % de la población, es la única tecnología disponible.

La comparación, sin embargo, no era un disparate más del estrafalario Johnson. «Es totalmente cierto. Si yo le digo a mis colegas de Viena los megas de los que dispongo, alucinan -afirma el ingeniero de Telecomunicaciones y catedrático de la UDC Luis Castedo-. Todo es mejorable, pero España tiene unas infraestructuras buenas». Galicia pasa por ser la tercera zona con mejor cobertura 4G del Estado y, según Mar Pereira, directora de Amtega, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, España dispone de la mejor cobertura de fibra de Europa.

El rural asimétrico

«El problema son las diferencias», anota Castedo. «Tú puedes estar en A Coruña sin problema con una conexión de 600 megas, por la que pagas 50, 60, 70 euros al mes, con un paquete ingregrado de televisión, servicios para los chavales y tal. Y esas mismas prestaciones alguien que esté en A Fonsagrada no las tiene. Y esa desigualdad es injusta porque el de A Fonsagrada también paga impuestos. Ahí entra el papel corrector del Estado», explica el catedrático de la facultad coruñesa de Informática.

La Xunta incentivó a Telefónica con una ayuda de 14,2 millones de euros de fondos comunitarios para llevar la fibra óptica a núcleos de las cuatro provincias con menos de 300 habitantes. En la de A Coruña, la fibra llega al 67 % de la población y la previsión es que a finales del año que viene 183.000 personas de 93 municipios, desperdigadas en 1.122 núcleos, estrenen bajo el felpudo un cable finísimo con un ancho de banda descomunal capaz de soportar todas las navegaciones, descargas y conectividades que necesita una familia. En ese horizonte, diciembre del 2020, todavía quedarán 225.000 coruñeses, el 20 % de la población de la provincia, al albur del 4G y sus 20-30 megas por segundo. La ultrarrápida fibra óptica, presente en el 100 % de los colegios públicos y el 98 % de la superficie empresarial (53 polígonos, 28 de ellos subvencionados por la Xunta), supera los 100 megas.

Con sus convocatorias de ayudas, Santiago y Madrid intervienen indirectamente en lo que Bruselas llama «zonas blancas», territorios a los que los operadores (Telefónica, Vodafone, Euskaltel y Orange, en Galicia) no van simplemente porque no les sale rentable. «La tecnología requiere unas inversiones brutales. Llevar fibra a un lugar es extremadamente caro. Desplegar el cable cuesta un dinero, una obra civil, hay que llevarlo hasta allí, mantenerlo. Eso en una ciudad enseguida lo amortizas», explica Luis Castedo. Mil vecinos en un edificio de varios portales y la comunidad de propietarios que con frecuencia costea la distribución del portal a cada vivienda lo hacen posible.

Pero un país no es una ciudad, ni siquiera siete. Son gallegos el 40 % de los núcleos de población de España, y el 90 % de ellos tienen menos de 100 habitantes. El relieve montañoso de Galicia, la dispersión, las casas solitarias en el quinto pino encarecen la infraestructura hasta cifras que las compañías no están dispuestas a afrontar, porque una vez allí, en el quinto o el sexto pino, los siete vecinos envejecidos con cuatro perros que saldrán a su encuentro tendrán necesidades de conexión insignificantes para cuadrar las cuentas de la operadoras. «El perfil sociodemográfico condiciona la demanda», indica Mar Pereira. «Por eso se va a un modelo mixto público-privado», razona Castedo, porque «las empresas no pueden subir mucho los precios, «los clientes no lo aguantaríamos», y si no amortizan la inversión no se mueven.

El mandato de la UE establece que la fibra óptica debe llegar a ser un servicio universal. No hay otra si se quiere fijar la población en el campo. Así y todo, la directora de la Amtega incide en la mejora de las redes inalámbricas -frágiles ante las tormentas, los bosques, los muros de piedra o las muchedumbres de cualquier festival de verano que acaparen la señal y dejen la red a manivela- para cerrar el 2020 con 30 megas garantizados. Habrá que instalar nuevas antenas, «con racionalidad e impacto mínimo», avanza Mar Pereira. Esa será otra.

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