Tras varios meses de espera desde que el gobierno decidiera optar por la renuncia al nuevo contrato que se había iniciado en el anterior mandato, la solución parece más cercana. De hecho, los informes realizados por el ingeniero industrial de Urbanismo y la jefatura de Contratación ya están en manos de la oposición y en los mismos se concluye que los argumentos de interés público recogidos en el estudio encargado a Into Consulting para justificar la renuncia son correctos.
El concurso al que ahora se pretende renunciar consistía en la gestión indirecta, mediante concesión administrativa, de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza de espacios públicos en el término municipal, limpieza de playas y gestión del punto limpio municipal. La duración del contrato era de diez años y el presupuesto de licitación, de 7.975.000 euros al año. Presentaron ofertas Urbaser, la actual concesionaria, cuyo contrato venció en diciembre del 2014, Fomento de Construcciones y Contratas. El procedimiento se paralizó con la llegada del actual gobierno, cuando solo estaba pendiente la valoración del sobre 2 A. Los últimos cambios legislativos son la base fundamental de la pretendida renuncia, ya que en el ámbito de las contrataciones desapareció la figura del contrato de gestión de servicio público, dando lugar a los contratos de concesión.
De todos modos, la oposición sigue a la espera de que el gobierno presente su propuesta para el servicio, ya que se había comprometido a hacerlo conjuntamente con la renuncia.