Hasta el pleno del jueves se desconoce si el Concello podrá saldar la deuda con Urbaser
26 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Hasta el próximo jueves no se sabrá si los trabajadores de Urbaser se pondrán en huelga el día 1 de julio a las once de la noche. Es la amenaza que sigue pesando sobre el gobierno de Jorge Suárez, después de que la Comisión Especial de Contas celebrada ayer no hubiese servido para desvelar si los grupos de la oposición van a permitir que se aprueben las facturas adeudadas a la empresa por el servicio de limpieza viaria. Y es que la propuesta del alcalde de abono de 1.324.518 euros a Urbaser correspondientes a los meses de octubre del año pasado al pasado mes de mayo solo fue dictaminada por su propio equipo, mientras que los restantes grupos reservaron su postura para el pleno.
La decisión que puedan tomar el PP, el PSOE, el BNG, Ciudadanos y la concejala no adscrita Esther Leira de aquí al jueves está pendiente de que analicen el «informe verbal» solicitado por el alcalde al interventor sobre la concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria a Urbaser, que les fue entregado ayer en la comisión.
En el documento se advierte de que aún está pendiente el informe jurídico solicitado, y el interventor apunta que, con esas limitaciones, «se informa que o prazo máximo de vixencia do contrato, incluidas as prórrogas, pode ser de 50 años, se ben é certo que o acordo plenario de 30 de decembro de 2014 aprobou á prórroga ata a adxudicación do novo contrato, prórroga indefinida en canto está suxeita a esa condición» Añade que, no obstante, «tamén debe citarse o informe de secretaria de maio de 2016, que considera que a prórroga acordada en decembro do 2014 non pode estar vixente porque transcurriron máis de dous anos da paralización do procedemento de contratación ao que se vinculaba a prórroga». Y apostilla que «también é certo que, pese a estes informes, o acordo de prórroga forzosa non foi revogado por este Concello, polo que vincula a esta administración e ao concesionario, en canto non se adopte outro acordo de diferente natureza».
Por último, el interventor apunta que, desde o punto de vista económico, es necesario realizar las auditorías pendientes, tema en el que ya está trabajando la Intervención, a fin de fiscalizar las cuentas anuales de la concesionaria y valorar su repercusión en el equilibrio financiero y en la cuenta de resultados.
De este informe se desprende que la Intervención municipal considera que el Concello y Urbaser siguen vinculados, pero en el mismo también se alude a la postura de la Secretaría Xeral, que sostiene que la prórroga acordada en diciembre del 2014 por el anterior gobierno del PP «non pode estar vixente». De ahí la necesidad de un informe jurídico que determine si sigue habiendo contrato o no. Lo que tendrán que decidir ahora los grupos de la oposición es si el presente informe es suficiente para que puedan facilitar la aprobación de las facturas o lo supeditan a las auditorías solicitadas y que el interventor considera que son necesarias.
En la comisión de ayer, el alcalde también presentó una propuesta estimando en parte el recurso de Urbaser que pide la nulidad de los acuerdos plenarios por los que no salió adelante el pago de la otra parte de la deuda, cifrada en 496.694 euros, correspondientes a julio, agosto y septiembre del año pasado. También aquí la oposición reservó su voto para el pleno del jueves.
El alcalde aseguró al comité de empresa que las facturas irán a la sesión plenaria
El presidente y otro miembro del comité de empresa de Urbaser esperaron ayer en los pasillos del Concello el resultado de la comisión, con la esperanza de que se despejara el panorama para el abono de las facturas adeudadas, si bien ya habían anunciado que la convocatoria de huelga a partir del día 1 se mantendrá hasta el jueves. No fue así y solo lograron unas palabras del alcalde, que les manifestó que las facturas irán al pleno sí o sí.
¿Qué tendría que pasar para conseguir esa aprobación? Bastaría con que todos se abstuviesen, como hicieron hasta el pleno de septiembre del año pasado, porque la última sesión en la que los siete votos del gobierno posibilitaron el abono fue la de agosto del 2017.
A partir de ahí, el PP cambió la abstención por el voto en contra a los reconocimientos extrajudiciales de crédito a los que había y sigue habiendo que recurrir para efectuar los pagos, tratando de forzar así al gobierno de Suárez a adoptar una solución al problema suscitado con el servicio de limpieza. Esta postura es compartida por los restantes grupos de la oposición que, si bien siguieron decantándose por la abstención, llevan meses reclamando al alcalde la renuncia o desistimiento al proceso de contratación iniciado en el mandato popular y la convocatoria de uno nuevo.
Otra posibilidad de que las facturas pasen el filtro del pleno del jueves sería que el PSOE, el BNG, Ciudadanos y Esther Leira votasen con el gobierno, o incluso que lo hagan todos, atendiendo las reivindicaciones de los trabajadores de Urbaser, que les han pedido que «no nos utilicen».