Tuve que dejar todo hace ocho años, porque me volvía loco». Lo dice Pedro Sánchez Bouza, hermano de Miguel Ángel, el joven de 26 años que en febrero de 1999 murió tiroteado en su puesto de trabajo en la gasolinera de Laraxe. La familia sigue sufriendo porque el crimen no llegó a esclarecerse y tiene «la sensación de que no hay interés en que se sepa quién lo mató, porque ya solo quedan dos años para que prescriba». Estas dudas surgen a raíz de una investigación en la que Pedro considera que «no se pusieron los medios necesarios, porque había de dónde tirar». Las pistas a las que apunta se concretan en que el crimen se cometió a las once de la noche y a las siete de la mañana la estación de servicio ya estaba abierta, una limpiadora encontró días después una bala que pertenecía a un arma reglamentaria y el fallecido tenía una relación con una mujer que trabajaba en un club de alterne que, tras el homicidio, desapareció. «Supimos que estaba en Canarias, pero estamos convencidos de que no la interrogaron», explica Pedro. También les sorprendió que el juez cerrase la causa tan solo dos meses después de la muerte de Miguel Ángel. «Quiero creer que los investigadores no pudieron esclarecer el caso, que yo intenté reabrir en A Coruña, pero no fue posible», manifiesta, añadiendo que, a su modo de ver, no se destinaron los medios necesarios. «Cuando veo los medios que dedicaron para otros casos, como el de Marta del Castillo y el de Diana Quer, que veo bien y lo respeto, siento que ni siquiera pusieran lo mínimo», apostilla.
Pedro lamenta que, salvo al principio, «porque lo primero que investigan es el entorno de la víctima», nadie se hubiese puesto en contacto con la familia para explicar los pasos que estaban dando. «Me tuve que mover yo siempre, durante más de diez años, desplazándome a Madrid y A Coruña para hablar con ellos y siempre me decían que estaban investigando», manifiesta, con resentimiento.