El Concello ve intereses políticos tras las prisas de Defensa por resolver el convenio

FERROL

CESAR TOIMIL

El gobierno local dice que si usa el Sánchez Aguilera es a cambio de la exención del IBI

10 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La advertencia del Ministerio de Defensa de que se dan las condiciones para resolver el convenio de cesión de propiedades desafectadas al Concello y la exigencia del pago de los 420.000 euros restantes no ha gustado al gobierno local. «Semella que agora é o tempo político axeitado para que o ministerio -Goberno central- amose esta présa repentina por executar e resolver o convenio, unha premura que non tiveron dende o 2011 nin esixiron aos gobernos locais anteriores», ha replicado el ejecutivo de Jorge Suárez. En este sentido, defiende que el contexto urbanístico ha cambiado en las dos décadas que el acuerdo «leva estancado».

Argumenta que el plan parcial y el proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera, la pieza clave del acuerdo, quedaron redactados en 2011. Y que fue el PP el que cuatro años después «paralizou e modificou», con un nuevo documento «que non responde á repartición de plusvalías, que renuncia ao 10 % de aproveitamento e que inclúe un intercambio económico sen informe de fiscalización por parte do Concello».

Se refiere a los 560.000 euros que el convenio firmado en 2015 recogía por la inclusión de la estación de radio de Mandiá y el observatorio de Monteventoso, de los que se pagaron 140.000 euros en ese momento y quedó pendiente la parte que ahora reclama Defensa para negociar cómo se reurbanizará esa parcela. El ejecutivo ferrolano esgrime que Defensa tenía la obligación de redactar el proyecto y urbanizar la parcela en los cuatro años siguientes a 2011, tras la aprobación del plan parcial. «E non o fixo», apostilla. Pero además, escoció el recordatorio del ministerio de que el Ayuntamiento usa ya gratis el antiguo cuartel como depósito de vehículos y aparcamiento. «O Concello está a utilizar o Sánchez Aguilera segundo o convenio aprobado coa obriga do mantemento», alega, y a cambio de la exención del IBI a Defensa. «No caso de non existir este acordo -contraataca- o ministerio estaría a incorrer nunha serie de gastos moi cuantiosos que agora está aforrando».

Falta de mantenimiento

No quedan ahí los reproches, porque el gobierno de Suárez considera «de xustiza» recordar que «Defensa deixou en situación de abandono e desuso moitas instalacións e dependencias da súa propiedade na nosa cidade, logo de exprimilas durante décadas», y sin que asumiese el mantenimiento correspondiente y «lexitimamente esixible».

Por todo ello, desde el ejecutivo local asegura que su objetivo respecto al convenio y su pieza central, el Sánchez Aguilera, «sempre foi o de clarificar cuestións que non estaban ben definidas (plusvalías, aproveitamentos...) na procura da solución máis óptima e satisfactoria para os intereses presentes e futuros dos veciños e veciñas deste municipio».