El conflicto en Emafesa se enquista

FERROL

ANGEL MANSO

El socio privado vota a favor de la disolución de la empresa pero la mayoría del gobierno lo impide

22 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Los socios privado y público de Emafesa volvieron a chocar ayer en defensa de sus intereses. Socamex, la filial de Urbaser que ostenta un 49 % de la participación de la empresa mixta de aguas ferrolana, ejecutó lo que ya anticipaba el orden del día de la junta extraordinaria de accionistas y el posterior consejo de administración de ayer: la petición de la disolución de la sociedad. Lo argumentó en el balance económico de la empresa en la que el Concello ostenta el 51 % y la inexistencia de ingresos por las tareas de depuración de las aguas residuales. Y muestra de la desconfianza hacia el Ayuntamiento exigió, una vez más, la presencia de un notario para que levantase acta de la junta. Pero los representantes municipales, mayoría en los órganos de Emafesa, -además del alcalde, son consejeros los concejales Suso Basterrechea, Álvaro Montes y Luis Victoria- votaron en contra de esa disolución, bloqueando la medida.

Contradiciendo lo defendido la víspera, cuando Jorge Suárez aseguró que el tema no estaba sobre la mesa y que no iban a poner ningún obstáculo si la parte privada quería dejar la empresa, el regidor defendía ayer que no había causa para la disolución de Emafesa por tres razones: que el balance no está auditado oficialmente, porque asegura que una auditoría propia «pon en dúbida os gastos acometidos pola empresa» y porque la Xunta de Goberno Local aprobó la creación de un grupo de trabajo para evaluar las cuentas justificativas presentadas por Emafesa sobre el coste de la depuración desde su activación en abril. Hasta el momento, incidió, solo se han comprobado los de ese mes, y se devolvieron «na súa integridade por defectos tanto formais como de fondo».

Ante esta situación, el socio privado podría hacer valer su postura recurriendo a la vía judicial, lo que abocaría a un largo y tortuoso proceso. La única forma de evitarlo y de llegar a un acuerdo antes con Socamex pasa por contar con una tasa de saneamiento. Y ahí entra el problema político. El gobierno de Suárez suspendió la tasa que había dejado aprobada y en vigor el PP y garantizó que se impondría una nueva, ajustada a los costes reales del servicio. Pero todavía no ha llegado. Y después de cinco meses y medio con el saneamiento a pleno rendimiento no se ha ingresado ni un euro por este concepto: ni vía tasa ni a través de fondos propios del Ayuntamiento, como se comprometió el gobierno mientras no hubiese tributo.