La CIG protesta contra los recortes presupuestarios en el sector público

Denuncian las medidas de las partidas autonómicas de cara al 2015


Ferrol / La Voz

Alrededor de cuarenta miembros de la delegación comarcal de la CIG se concentraron esta mañana ante el edificio administrativo de la Xunta, situado en la plaza de España, para denunciar las medidas que contemplan los presupuestos del 2015. Sandra Martínez, delegada del sector de Saúde en el sindicato, indicó que reivindican «que teñan máis en conta os servicios públicos», criticando la tasa de reposición del 50 % «que debería ser como mínimo do 100 %». Con respecto al campo sanitario, señaló que la única partida que se incrementa es la de la atención especializada, «para poder pagar os cánones de sanidade privada, non da pública». Asimismo, afirma no entender que la Xunta apunte que quiere mejorar la Atención Primaria «cando o que están a facer é cada vez recortala máis».

Por su parte Antonia Martínez Díaz, delegada de Ensino, aseguró que parece que «o señor conselleiro nos regala un 50 % de plazas», y denunció que se han perdido unas 3.000 plazas de profesorado en la educación pública a lo largo de los últimos cuatro o cinco años. Aseguró que además se recortan las partidas destinadas a los salarios de los trabajadores de los servicios públicos, por lo que «seguimos cos salarios conxelados cunha perda de cerca do 30 % do poder adquisitivo e coas pagas extraordinarias tamén recortadas cando pola contra non se elimina por exemplo o plus dos altos cargos».

Con respecto a la Administración, su delegado Miguel Pita mantuvo que la problemática es la misma, puesto que «levamos tempo sen cubrir baixas a non ser que sexa unha moi longa, de meses, nin vacacións nin nada», por lo que afirma que a la tasa de reposición «hai que sumarlle as baixas». A mayores habló de la eliminación del Servicio de Valoración da Dependencia, que ahora se realiza desde A Coruña «co consecuente coste para os afectados, que é a xente máis humilde». También denunció el mal estado de las infraestructuras de la residencia de mayores de Caranza, que dependen de la Consellería de Traballo e Benestar, que Pita ve como un reflejo de que la Xunta «quere que os servicios sociais se veñan abaixo para xustificar aínda por riba a privatización cando o servizo máis eficiente está demostradísimo que o prestamos os traballadores do sector público».

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