El Contencioso-Administrativo falló a favor del Concello de Ortigueira
31 mar 2013 . Actualizado a las 08:00 h.La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común San Xulián de Loiba, en Ortigueira, y la Xunta de Galicia han interpuesto sendos recursos de apelación contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, del pasado 30 de enero, que da la razón al Concello en el litigio abierto desde el año 2005. Hace ocho años, los vecinos de esta parroquia presentaron una solicitud para que el monte Penabranca fuera clasificado como vecinal, denegada por el Xurado de Montes argumentando que «non quedaba demostrado que no monte Fonte do Toxo, ou Penabranca, se realicen aproveitamentos consuetudinarios en réxime de comunidade».
El recurso vecinal fue desestimado, pero volvieron a intentarlo, como explican el presidente, Sergio Martínez, y la vicesecretaria de la comunidad, Isabel Rego. «E o Xurado de Montes, en data 21 de maio de 2008, concédelle o monte comunal aos veciños», recuerdan, con la oposición del Concello de Ortigueira. En el informe emitido en junio de 2007 por el Servizo de Montes e Industriais Forestais se reconocía que el monte de Pena Blanca figuraba entre los consorciados por la Xunta, en este caso con el Ayuntamiento de Ortigueira. «Indícase que é propiedade municipal, mais no expediente de deslindamento afírmase que pertence á parroquia de Loiba», esgrime la resolución, recurrida por el Concello.
El Xurado de Montes se mostró de nuevo favorable a la postura de los vecinos y la Administración local presentó un contencioso-administrativo, que acabó resolviéndose a su favor. Y el pasado 21 de febrero, la comunidad interpuso un recurso de apelación (la Xunta lo hizo días después). «Sentímonos discriminados, outras parroquias teñen o seu monte comunal», recalcan desde la directiva, dispuesta a luchar «ata onde faga falla» para conseguir el reconocimiento de las 81 hectáreas de superficie como comunal.
Mientras, la comunidad, formada por 165 vecinos (toda la parroquia), lamenta «o bloqueo xudicial», que les impide disponer del canon que perciben por el parque eólico instalado en esta superficie, de 30.000 euros anuales, -«que conseguimos incrementar ata esa cifra tras xestionalo coa empresa»-. Tampoco pueden renegociar con el Gobierno autonómico el porcentaje que perciben por la venta de madera (el 30% frente al 70% de la Xunta). «Eses ingresos suponse que serían para investir na parroquia (pistas, traídas de auga, etcétera), pero estannos fastidiando e poñendo todos os atrancos».