Duras críticas de Agavida a opiniones vertidas por el perito médico de Navantia en vistas en los juzgados de lo Social
15 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los juzgados de lo Social de Ferrol han dictado nuevas sentencias por tres demandas por amianto contra Izar en las que se fijan indemnizaciones de 240.000 euros para los afectados o sus herederos. Los tres asuntos fueron gestionados por la asociación Agavida, que esta tarde celebra su asamblea general ordinaria en el centro cívico de Caranza.
Los fallos corresponden a las reclamaciones presentadas por la viuda de J. P. T., un soldador de 64 años fallecido como consecuencia de las enfermedades que sufría como consecuencia de su exposición a las fibras de asbesto (amianto). El segundo, por la de E. L. Y., trabajador de monturas a flote, de 62 años, y el tercero, de N. A. G., de 64 años y del gremio de calderería.
La novedad, además de las cuantías indemnizatorias, de las más altas fijadas por los tribunales de Ferrol en esta materia, está en que se condena a Izar, la empresa en proceso de liquidación que sucedió a la vieja Bazán. De Izar surgió luego la actual Navantia. Aunque parece que no tiene trascendencia, lo cierto es que evita que la carga indemnizatoria caiga sobre la actual Navantia.
Descalificaciones
La actuación den anatomopatólogo Alberto de la Cruz Mera en estos juicios, en los que actúa como perito médico contratado por Navantia para defender su posición, ha sido motivo de duras críticas del presidente de Agavida, Ramón Tojeiro.
«Ante la falta de argumentos [del perito], dice Tojeiro, siguen descalificando los informes» de destacados expertos como la unidad de Neumología del marcide, el hospital Vall D?Hebrión de Barcelona o el Centro de Silicosis de Oviedo.
Añade que el perito señalado participa en todos los juicios y «tiene el descaro de descalificar los informes emitidos por organismos oficiales así como señalar como erróneas las resoluciones del INSS sobre expedientes de invalidez por contingencia profesional por amianto». Tojeiro dice que respeta «el derecho de las partes en un contencioso tienen a defenderse, pero cuando una de las partes presenta a un personaje del talante de este profesional, al cual le vale todo, descalificando todo lo que dañe los intereses de su pagador, no nos queda más que la opción de poner en duda su profesionalidad».
Sostiene también que Navantia, a pesar de ello, no es capaz de demostrar la aplicación de medidas de seguridad. Pide que los jueces sean «más contundentes con las empresas culpables de este genocidio: 6.000 afectados en Ferrol, 60.000 y 2.000 muertes al año en España. Sr. de la Cruz, estamos indignados, respete esta tragedia de miles de familias».