Penas de cárcel por el cierre de la ría a un barco gasero

Siete de los mariscadores juzgados fueron condenados y uno absuelto del delito de desobediencia grave en el 2007

Parte de los acusados, el día del juicio en la sala de vistas.
Parte de los acusados, el día del juicio en la sala de vistas.

ferrol / la voz

Siete de los ocho acusados por el cierre de la bocana de la ría de Ferrol, para cortar el paso a un buque gasero que se dirigía a la planta de Reganosa en Mugardos, en el 2007, han sido condenados a penas de entre seis y siete meses y medio de prisión por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol. La magistrado María Jesús García considera a los encausados, todos ellos pertenecientes a la Cofradía de Pescadores de Ferrol, autores de un delito de desobediencia. Entiende que desoyeron las órdenes expresas de la Capitanía Marítima de dejar libre el canal de navegación, orden transmitida por los agentes de la Guardia Civil del Mar desde una lancha. La protesta iba dirigida contra la instalación de la planta de gas.

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña, indica que Ramiro López Bueno, Julio Pico Casal, Jorge Juan Cendán Neira, José Luis Vázquez Pichín, Bernardo Bastida Sixto (entonces patrón mayor), Fernando José Prieto Ráfales y Julio Videira Guedes «desobedecieron de manera reiterada las instrucciones dadas por el capitán marítimo de Ferrol en virtud de las cuales ordenaba dejar libre el acceso al puerto de Ferrol».

En concreto, sobre las seis y media de la mañana del día 7 de mayo del 2007, cuando el buque Galicia Spirit realizaba maniobras de aproximación a la boca de la ría, numerosas embarcaciones menores, «dirigidas por Bernardo Bastida Sixto, se concentraron llegando algunas de ellas a aproximarse a la proa y costados del buque cuyo capitán se vio obligado a abortar la maniobra de entrada».

Sobre las siete de la tarde del mismo día, se volvió a repetir el bloqueo a pesar de que se reiteró la orden de la Capitanía Marítima transmitida por megafonía desde la lancha de la Guardia Civil. La jueza dice que en la pequeña embarcación Artea, del colectivo que protestaba, se transportaban neumáticos y una garrafa de gasolina, que no llegó a ser incendiada.

Las protestas continuaron los días 9 y 29 siguientes. En la última fecha, la Capitanía ordenó distribuir copias de la orden que había emitido pero los participantes en la protesta «hicieron caso omiso» y volvieron a concentrarse con sus botes y lanchas para «impedir a los remolcadores la maniobra de aproximación al buque, que finalmente abortó la entrada».

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