Una familia sin recursos será desahuciada por el IGVSUn centenar de pisos vacíos en CaranzaIU Sobre el presupuesto participativoCONCELLO El alcalde visita la Guardia Civil El Concello prorroga las obras de dos actuaciones del Plan E
FERROL
Diez personas quedarán en la calle por carecer desde hace siete años de contrato
19 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Carmen -no quiere decir su apellido- vive en Caranza desde el año 1985 en un piso de promoción pública perteneciente al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), de la Xunta. Mañana, si nada ni nadie lo impide, esta ferrolana en paro, de 56 años, y los nueve familiares, entre hijos y nietos, que residen con ella en un hogar de ochenta metros cuadrados serán desahuciados por la administración autonómica.
Sacando fuerzas de donde no las hay y entre sollozos, la propia Carmen explicó ayer ante los medios, en un acto convocado por el 15-M en la plaza de Armas, el drama que vivirá a partir de mañana a las once de la mañana, cuando está previsto que la administración autonómica, con autorización del juzgado de lo contencioso número 1 de Ferrol, proceda al desahucio del piso, ubicado en el bloque 47 de la calle Emilio Pardo Bazán.
Hace siete años
Esta vecina de Caranza sabe que, jurídicamente, no tiene nada que hacer ante la resolución del IGVS, pues el contrato de arrendamiento venció hace siete años, cuando Carmen se separó de su marido, que era el titular del alquiler. «Legalmente, ahora son unos okupas en esa casa», afirma Alejandro Cortizas, abogado y asesor jurídico del movimiento 15-M, colectivo que intentará frenar el desahucio de mañana, miércoles.
En el momento de la separación matrimonial, la familia adeudaba al IGVS una cuantía de 6.253, entre impagos de alquiler -pagaban una cuantía muy baja, de 50 euros al mes- e intereses de demora. Esta y otras razones impidieron que el contrato del piso pasase a nombre de la esposa. De forma que a partir de ese momento dejaron de abonar el alquiler, pues carecían de contrato.
Carmen, que trabajó como limpiadora en la Xunta en listas de sustitución, se encuentra actualmente en el paro, al igual que sus hijos, que subsisten con dos pagas de 400 euros, expirando una de ellas este mes. Señalan, además, esta familia ferrolana que pese a la deuda que contrajo su marido, pues era el titular del contrato del piso, «a él sí le adjudicaron otro piso en Tejeras».
Apoyo del 15-M
El colectivo de Indignados de Ferrol quiere ayudar a esta ferrolana y por eso convocan a todas las personas que quieran evitar el desahucio de Carmen y su familia a acudir a las nueve de la mañana de mañana a la piscina de Caranza para dirigirse, a posteriori, al bloque en cuestión y evitar así el desalojo. «Non se pode deixar a unha familia na rúa sen ter unha alternativa», señala una de las integrantes del 15-M. Dentro de las acciones que está organizando el colectivo, está prevista para el jueves de esta semana, día 21, una charla en la plaza de Armas sobre vivienda colectiva y la burbuja inmobiliaria.
Consultado sobre este caso, el IGVS prefirió de momento no pronunciarse sobre el desahucio, previsto en principio para mañana. Aunque el asesor jurídico del 15-M manifestó que el proceso seguido por el IGVS en este caso «ha sido impecable, aunque no se puede dejar a una familia en la calle».
Carmen deja claro que su piso «no está en condiciones» y tanto ella como los integrantes del 15-M que la apoyan creen que una vez tenga lugar el desalojo, la vivienda quedará vacía «mientras nosotros nos tenemos que ir a la calle». Esta situación, la de la existencia de viviendas de promoción pública del IGVS vacías en Caranza, ya fue denunciada hace unos meses por la asociación de vecinos del barrio.
Es más, la propia entidad ya trasladó al IGVS, propietario de un amplio parque de viviendas de promoción pública en Caranza, su preocupación por la proliferación de ocupaciones ilegales que se está produciendo a raíz del abandono de los pisos. Y demandan que la administración autonómica los arregle y los adjudique, aunque sea en régimen de alquiler, por un lado, para frenar la llegada de okupas y, por el otro, para que familias sin recursos puedan acceder a una vivienda, hasta ahora desocupada, en un momento de crisis económica.
Desde la entidad vecinal del barrio defienden que, aunque sea con una mínima inversión, se acondicionen esos pisos, para que sean habitables y puedan ser adjudicados, en vez de permanecer en malas condiciones y vacíos.
Caranza cuenta con más de cinco mil hogares de los cuales, 3.500 fueron y son de promoción pública, primero del Ministerio de Vivienda y, posteriormente, del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Muchos de estos hogares se han quedado vacíos porque o murieron sus adjudicatarios o fueron desahuciados por diferentes problemas.
Este mismo problema se produce en otro barrio de Ferrol, el de Recimil, donde las ocupaciones ilegales son un problema bien conocido por el gobierno municipal, que en la última junta local de seguridad acordó tomar medida para frenar este tipo de casos.
Aunque en el caso de Recimil, la administración responsable es el Concello, que es el dueño del millar de viviendas que hay en la zona, y en Caranza, depende de la Xunta.
IU pidió ayer al gobierno local información sobre el proceso de los presupuestos participativos, en cuyo presupuestos del 2011 figura una partida de tres millones para proyectos que elijan los propios vecinos. La formación también acusó al Concello de recortar en este área con la reducción de un asesor. El Concello tiene previsto hoy una reunión con las comisión de Participación.
El alcalde, José Manuel Rey, se reunió ayer con el destacamento de la Guardia Civil, José Luis Ruanova, en la que es la primera visita institucional que el regidor municipal realiza a este cuerpo. El encuentro supuso una primera toma de contactos con el máximo representante del instituto armado, así como «unha oportunidade de afianzar as liñas de colaboración».
La junta de gobierno local acordó en la mañana de ayer prorrogar los plazos de ejecución de las obras de saneamiento en las carreteras de Castilla y Catabois, después de recibir la solicitud de la empresa, que pide ampliar el plazo por, entre otros motivos, «as inclemencias meteorolóxicas, a necesidade de manter o tráfico no ámbito da obra e para coordinar a execución dos traballos coas obras de reurbanización que está a levar a cabo a Xunta».
También se concede una ampliación del plazo para la construcción del centro cívico de San Pablo. Entre las razones que esgrimió la adjudicataria para la prórroga se encuentra «a redacción do proxecto modificado, a adaptación á nova edificación recollendo as incidencias e cambios para a mellor realización da obra e por mor dos problemas rexistrados na subministración de materiais». Por último, se aprobaron las bases para las becas de comedor escolar.