Una familia ferrolana será desalojada de un piso de promoción pública que ocupa en situación irregular
FERROL
La mujer carece de contrato tras la ruptura matrimonial y la deuda del alquiler supera los 6.000 euros. El colectivo 15-M se movilizará para evitar el desahucio.
18 jul 2011 . Actualizado a las 21:04 h.Una familia ferrolana será desalojada de una vivienda de promoción pública el próximo miércoles al no poder hacer frente a los pagos del alquiler y carecer de contrato. Así lo ha denunciado esta mañana el colectivo Movimiento 15-M Ferrol, cuyos portavoces han calificado el desahucio de «desvergüenza del Gobierno autonómico».
La familia afectada reside desde 1985 en un piso titularidad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta de Galicia, y que está ubicado en la calle Emilio Pardo Bazán del barrio de Caranza, por el que pagaban la cantidad de 50 euros al mes en régimen de alquiler. Según han indicado desde el colectivo, el titular del arrendamiento era el cónyuge varón del matrimonio, que habría acumulado varias mensualidades sin abonar el importe. La posterior ruptura marital dejó como moradora de la vivienda a la ahora afectada, Carmen, junto a nueve miembros más de la familia, a saber, tres hijos, su nuera y cinco nietos, que conviven en los 80 metros cuadrados del piso. «Se intentó subrogar los derechos del contrato a Carmen, pero no hubo manera posible por impedimentos legales», entre ellos, la deuda contraída que supera los 6.000 euros, según ha relatado Alejandro Cortizas, abogado simpatizante del Movimiento 15-M. «La situación jurídica sería la más parecida a la de unos okupas, viviendo sin título que los habilite, porque el contrato de arrendamiento fue resuelto por sentencia hace siete años», ha abundado Cortizas. No obstante, el abogado ha recalcado que «jurídicamente se podría decir que el desalojo será impecable; fue seguido con todos los requisitos legales, intachable a no ser por las dilaciones indebidas». Pero la lectura que hace el colectivo de «indignados» sobre el inminente desalojo difiere diametralmente con los cauces legales, porque, a su entender «la Administración tiene que habilitar métodos equitativos para atemperar el derecho en estos casos tan sangrantes», ya que sostienen que la familia no se ha negado a pagar, sino que «no tiene recursos suficientes» al subsistir con dos pagas de 400 euros, una de ellas a punto de expirar. Además, se da la circunstancia -siempre según el citado colectivo- de que Carmen, al no ser la titular del alquiler, tampoco podría realizar legalmente los pagos.
Trabajadora de limpieza en paro, «le resulta imposible acceder a otro alquiler», indican desde el colectivo ferrolano, y apuntan que «en una situación generalizada de crisis económica es un escándalo que un organismo público orientado a garantizar el derecho a la vivienda cometa la tropelía de provocar una situación de indigencia y exclusión social».
El Movimiento 15-M emprenderá una acción de repulsa el próximo miércoles, día fijado para la orden desalojo dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol, con una movilización cuyo punto de partida será la piscina de Caranza a las 9 de la mañana. El objetivo del colectivo es frenar el desahucio.
El organismo autonómico IGVS, consultado al respecto, aun no se ha pronunciado.