Un juzgado de lo Penal de Ferrol acaba de absolver al colombiano José María Cordova Picuasi, que había sido detenido durante las fiestas patronales de Ortigueira por vender discos pirateados. Hace varios meses, otro tribunal local hizo lo propio con una mujer a la que agentes del Resguardo Fiscal de la Guardia Civil habían pillado con media furgoneta llena de camisetas y prendas de vestir copiadas de marcas conocidas. Esta sentencia ha sido ya confirmada por la Audiencia.
Parece que será la tónica general a partir de ahora. ¿Las razones que alegan los tribunales? Pues un principio sencillo establecido por el Tribunal Supremo en el 2003, conocido en la jerga jurídica como el de mínima intervención del Derecho Penal . En estos momentos que se pide cárcel para todo, el criterio de estos jueces es diametralmente opuesto y dan razones contundentes: un Estado moderno debe contar con otros medios para atacar la venta ambulante irregular. El juez Francisco Ruano, que ejerció hasta hace poco en el Juzgado de lo Penal número 2 y que fue el primero en aplicar esta jurisprudencia, recordaba en su resolución que existe una «extensa normativa de policía de mercados» de la que es competente tanto los concellos como la comunidad autónoma y que debe utilizarse.
El caso de la sentencia del juez Ruano corresponde a la vendedora Isabel Lozano, que fue sorprendida en el feirón de Santa Cecilia con un verdadero cargamento de prendas falsificadas: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Paco Rabanne o Dolce&Gabbana. También Armani, Opium, Saint Laurent, Christian Dior... Todo mentira y, además, claramente visible. Porque Francisco Ruano aportaba otro dato para absolver a la vendedora: quien compra en un mercadillo ya sabe a lo que va y si tiene dudas lo ve en el precio. Si el cliente comprase esa prenda en una boutique de moda en una calle de lujo, sí estaría claro que podía ser víctima de un engaño, pero no en un feirón.
No obstante, los jueces dejan claro que no quieren decir que aquí vale todo: al contrario, advierten de que existe la vía civil para que las casas supuestamente afectadas por la falsificación o la Sociedad General de Autores en lo que se refiere a discos y películas puedan actuar.
También las policías en las áreas administrativas de su competencia deben actuar. Es cierto que en el caso de perfumes falsos o alimentos puede haber un grave daño para la salud.
Siempre según el mismo magistrado, «la represión penal se reserva entonces para aquellos comportamientos que verdaderamente sean merecedores de ella». Otra sentencia del mismo tribunal absolvió a la vendedora Carmen Jiménez por las mismas razones. Había sido sorprendida por la patrulla fiscal (Guardia Civil), en el mercadillo de Recimil de Ferrol con abundante mercancía irregular.