La obra del Galiano Plaza comenzó en 1999 y acumula irregularidades; Xaime Bello y Juan Juncal no pudieron pararlas y algunas se legalizaron, ahora lo intenta Irisarri
19 oct 2009 . Actualizado a las 16:56 h.José Fernández Gómez, propietario del hotel Galiano Plaza, solicitó al Ayuntamiento en abril del 2008 un expediente de legalización para ese establecimiento, al que el Concello ha cortado luz, agua y gas por carecer de licencia y por irregularidades urbanísticas. La respuesta de los servicios jurídicos a la petición fue tajante: «Procedería ditar resolución expresa denegando a licenza de legalización [...] e iniciar expediente de reposición de legalidade urbanística». Es decir derribar las partes del inmueble que vulneran la normativa, tal y como indica el mismo documento con fecha del 30 de abril del 2008.
El infome culminó una larga serie de resoluciones administrativas que han involucrado a tres corporaciones municipales y que se detallan en el mismo. Estas son las principales.
Gobierno de Xaime Bello (BNG+PSOE / BNG) 1999-2003
El 1 de diciembre de 1999 se solicitó licencia de obra en los inmuebles número 35 de calle Galiano y 38 de la Real. El proyecto se presentó en reiteradas ocasiones a la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico Galego, que informó desfavorablemente en todos los casos.
El 31 de agosto del 2000 se presentó otro proyecto y también se solicitó con éxito la declaración de ruina interior. El gobierno ordenó la reconstrucción, pero manteniendo las fachadas originales de los edificios.
El 5 de octubre del 2001 se entregó otro proyecto básico. Incluía los dos inmuebles citados y también el 37 de la calle Galiano. Fue el «único» proyecto de obra que respetaba los volúmenes del edificio existente. El documento fue salvando obstáculos, aunque el arquitecto municipal rechazó los cambios en la parcelación original. El 28 de enero del 2002, el Ayuntamiento concedió la licencia de obra.
Previamente, el 14 de febrero del 2001, Fernández Gómez pidió permiso para la demolición interior del 38 de calle Real y del 35 de Galiano. El ingeniero municipal informó desfavorablemente en dos ocasiones, pero dio su visto bueno a la tercera. El 22 de enero del 2003 el Concello otorgó su permiso, pero insistió en mantener las fachadas.
Demandas y expedientes
Por entonces el proyecto ya acumulaba numerosas denuncias. La primera data del 13 de diciembre del 2000 por un desescombro sin licencia. Alcaldía ordenó parar las obras, pero la orden no se cumplió. En el juicio, celebrado el 12 de junio del 2001, José Fernández salió absuelto al no comparecer el Concello.
El 11 de diciembre del 2001 se abrió expediente por caída de cristales y se ordenaron obras para subsanar el problema.
El 6 de agosto del 2002 se inició un expediente de reposición de la legalidad por una demolición sin licencia. Se ordenó pararla y reparar los daños. El día 14 la policía informó de que estaba paralizada y el expediente murió «sen máis trámites».
El 3 de marzo del 2003 el alcalde ordenó tomar más medidas de seguridad, pero «non consta se chegaron a executarse».
Ocho días antes de la toma de posesión de Juan Juncal, el 5 de junio del 2003, se inició un nuevo expediente que incluyó la paralización de la obra y el derribo de las parte ilegales.
Gobierno de Juan Juncal (PP+IF) 2003-2007
El 24 de junio se informó de que las obras no están paralizadas y se reiteró la ilegalidad de lo ejecutado. ¿Por que? Por el «derribo da medianeira existente entre os número 35 e 37 de calle Galiano» y por la construcción «de máis plantas das permitidas». Otro informe del 22 de septiembre avisaba de que las obras seguían. El 30 de octubre se ordenó pararlas y el Concello decidió ir al juzgado. La obra se precintó el 7 de noviembre, pero los cierres aparecieron rotos el día 20 de ese mes y el 1 de diciembre. La Policía Local informó a las autoridades municipales de que las obras continuaban.
El 1 de abril del 2004, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ferrol condenó al coordinador de seguridad de la obra.
El 30 de marzo del 2006 se abrió otro expediente de reposición de la legalidad, el anterior había caducado, y se acordó por quinta vez parar la obra y tirar las partes ilegales. Se advirtió a Fernández de que se le impondrían multas si no cumplía. El 7 de julio se concluyó que los trabajos seguían, por lo que se le sancionó con 600 euros. El 9 de agosto se advirtió de que las obras continuaban y el 21 se ordenó de nuevo paralizarlas.
Fernández pidió el día 28 parar la obra solo en las plantas ilegales. El Concello accedió, pero advirtiendo que si el derribo de la parte ilegal no se ejecutaba antes del 7 de noviembre se le multaría, se efectuaría la demolición y se le pasaría la factura.
A finales del 2006, sin que el decreto municipal se ejecutase, Fernández recurrió al contencioso. El juez paralizó el decreto de forma cautelar. Todavía no ha dictado sentencia.
Ese mismo año, el 29 de agosto, el Concello ordenó el cese de la actividad en la cafetería del número 35 de calle Galiano. La orden fue ignorada ese día, y también el 2 y el 25 de octubre.
El 22 de enero del 2007 se impulsó un nuevo expediente de reposición de la legalidad por las obras de revestimiento de la fachada con granito. No se ajustan al planeamiento y el Concello ordenó pararlas. El mandato fue ignorado y no constan nuevos trámites de la administración local a ese respecto.
Gobierno de Vicente Irisarri (PSOE+IU / PSOE) 2007-...
En diciembre del 2007 el hotel abrió sus puertas. Un decreto de alcaldía de abril del 2008 ordenó cesar la actividad allí y en la cafetería del número 35 de calle Galiano. Las órdenes se incumplieron y José Fernández Gómez presentó la solicitud de legalización del establecimiento.
El dictamen de los servicios jurídicos municipales fue una negativa tajante. En sus conclusiones afirman que los escritos del propietario demuestran «claramente» su intención de que el edificio fuese legalizado al aprobarse el plan de A Magdalena.
Los jurídicos también rechazan que el hotel pueda abrir por «silencio administrativo», como pretendía Fernández, y destacan «múltiples» irregularidades: como que «todas» las plantas «superan» los volúmenes permitidos. Finalmente, instan a ejecutar el derribo de las partes ilegales como tantas otras veces durante la última década.
José Fernández recurrió a los tribunales. Aún no han dado una sentencia definitiva, pero las primeras cinco resoluciones son favorables al Ayuntamiento.