Un estudio del anterior mandato señala que más del 20% de las viviendas del barrio están ocupadas de forma ilegal
FERROL
El alcalde Vicente Irisarri anunció el pasado viernes, durante la presentación del proyecto cromático de Recimil, que su gobierno se pondrá ahora a trabajar en un estudio en profundidad sobre la situación social del barrio. Pues bien, parte de ese trabajo ya lo adelantó, a finales del anterior mandato, el gobierno que presidía el conservador Juan Juncal.
El entonces ejecutivo ferrolano encargó a la Policía Local que hiciese un censo exhaustivo sobre la situación de los arrendamientos del barrio público de las casas baratas, y el informe resultante arrojó datos de tal magnitud que un 21% de las viviendas de Recimil estaban entonces ocupadas en un régimen distinto al contratado, lo que deja un saldo de 236 hogares ilegales.
En total, los agentes encargados de realizar el estudio censaron 1.123 viviendas y locales. Y la gran mayoría de ellas (731, o lo que es lo mismo, el 65% del total) eran entonces (el informe se elaboró en el año 2006) utilizadas por personas que ostentaban el pertinente contrato de arrendamiento en vigor con el Concello de Ferrol, o bien habían sido desocupadas y las llaves obraban en poder de la administración local.
Pero la problemática surgía con ese 35% restante, que sumaba casi cuatrocientos pisos o locales. En ese aspecto, los agentes municipales se encontraron con situaciones de distinta índole.
Por una parte, el informe (el último realizado de manera oficial por el Concello) detectaba un 14% de inmuebles susceptibles de regularización. Esto se traduce en 156 viviendas cuyos ocupantes no habían solicitado una subrogación del contrato de alquiler tras el fallecimiento del titular u otros problemas de tipo administrativo. En ese sentido, el estudio recomendaba una revisión de los arrendamientos para hacerlos legales.
Y por otro lado, aparecen un total de 236 pisos y locales (el 21% del total), que están ocupados por personas que carecen de contrato alguno o bien son viviendas en las que ya no vive desde hace tiempo el supuesto inquilino legal.
En este apartado, la Policía Local detectó que había en el barrio 33 bajos que no estaban siendo utilizados o su uso era distinto al que había sido autorizado en su momento por el Ayuntamiento de Ferrol. En este caso, se recomendaba la rescisión de los contratos.
Además, había un total de once viviendas sobre las que pesaban expedientes de desahucio, y otros 33 pisos que eran habitados por personas sin ningún tipo de autorización y en régimen de ocupación. En ese sentido, procedía también una regularización desde los servicios sociales.
En los casi tres años que han pasado desde la elaboración de ese informe, la situación ha variado sensiblemente. Sobre todo en los aspectos que entonces eran más habituales en cuanto a ocupaciones ilegales, que se han multiplicado en los casos de inmuebles vacíos por fallecimiento del titular (en el momento del estudio municipal se contabilizaron un total de 46).
Y el caso más llamativo, que alcanzaba el 10% del total de las viviendas, es el de arrendatarios que han fijado su residencia fuera del barrio pero que han cedido, a su vez, el piso municipal a terceros.