El conflicto surgido en el seno de la comunidad de montes en mano común de A Pedra, en Cariño, llega a los tribunales, porque Manuel Villar Villar, que encabeza el grupo de comuneros opuesto a la actual directiva ha denunciado al presidente de la comunidad por las manifestaciones que realizó en el transcurso de la asamblea del pasado domingo. Según la denuncia presentada por Villar en el cuartel de la Gurdia Civil, el presidente Javier López Yáñez le acusó de «apropiarse de un trozo de los montes comunales, hecho que es totalmente falso». Villar Villar sostiene también que el presidente nunca fue elegido para el cargo en un acto formal por lo que cuestiona su permanencia en el puesto y demanda nuevos comicios. Villar rechaza también la imputación que le hizo Javier López durante la asamblea en el sentido de que había falsificado la firma suya (del presidente) en un documento remitido a la Xunta donde se hace referencia a la elección cuestionada.
El portavoz de este sector ha anunciado que impugnarán el resultado de la reunión del domingo durante la cual se aprobaron los balances económicos de la comunidad. «Non é un balance -añade- porque alí, na asamblea, nada máis que enseñaron unhas fotocopias de documentos bancarios».
Sus críticas hacen referencia a la sustitución de la persona encargada de la secretaría, cuestión, añade, que no fue aprobada por la asamblea comunal. Por último, ponen en duda que el censo de comuneros esté correcto porque se repiten nombres o algunas de las personas que figuran en el mismo no tienen derecho a ello.
La norma establece que pueden ser comuneros todos los vecinos residentes en A Pedra. Si se abandona la parroquia se pierde la condición de comunero.
Gran superficie
Los montes vecinales de A Pedra conforman una de las comunidades mayores de Galicia. Son 1.400 hectáreas de predios situados en las estribaciones da Serra da Capelada.
Como el resto de las comunidades de Galicia estuvo intervenida durante la dictadura, si bien con el restablecimiento de la democracia en España estos montes fueron restituidos a las colectividades y parroquias que los habían disfrutado durante décadas en régimen de germanía, una de las pocas propiedades colectivas que perviven en Galicia.
No obstante, la comunidad de A Pedra ha tenido que afrontar conflictos con el Concello tras el establecimiento de normas de tala de árboles y las protecciones fijadas por el Plan Xeral. De manera que las cortas de arbolado quedaron paralizadas desde el 2003 hasta que la comunidad redactó un plan de explotación que recibió el visto bueno de la Xunta. Los beneficios de la madera deben reinvertirse en fines sociales.