El sector del automóvil, al desguace


Con la primera industria del país, que es el turismo, en coma por la pandemia podríamos pensar que desde las administraciones se intentaría mimar otros sectores esenciales para la economía o el empleo. Tal es el sector de la automoción, segundo en importancia en España, que aglutina un 11 % del PIB español y el 9 % del empleo de nuestro país, con 17 fábricas repartidas por la geografía española que dan empleo a más de 66.000 trabajadores directamente, aunque el total del sector, con distribución y auxiliares incluidas, arroja un saldo de 450.000 trabajadores.

Pues bien, ese sector esencial en España está siendo enviado al desguace, nunca mejor dicho, en palabras de los directivos de las grandes compañías, que ven con preocupación cómo se les ningunea en las altas esferas políticas del país.

El asedio al sector no es nuevo y ya viene de lejos. Empezó por mandar al desguace a los coches diésel, los principales protagonistas de las carreteras españolas, en un impulso con pretensiones ecologistas. Primer palo para la industria española, que fabrica en un alto porcentaje coches diésel.

Pero no se quedaron ahí. Desde Europa llegaron las normativas medioambientales CAFE (Corporate Average Fuel Emissions), que obligaban a los fabricantes a colocar las emisiones medias de sus vehículos en 95 gramos de CO2 por kilómetro, muy lejos de las emisiones reales, con lo cual tuvieron que asumir multas que podrían llegar hasta los 30.000 millones anuales.

Estas medidas proponían una transición atropellada hacia el coche eléctrico, una tecnología joven y todavía poco desarrollada por los fabricantes. Y ni siquiera valorada medioambientalmente. Pero de eso ya hablaremos otro día, a medida que se vayan descubriendo los problemas de la electrificación, que los hay y son muchos.

La tercera ofensiva antiautomóvil llegó el 1 de enero de este mismo año, y vino dada por los cañonazos fiscales en el impuesto de matriculación de los vehículos, que se sigue realizando en base a sus emisiones, pero midiendo estas de una forma más rigurosa, lo que supuso una subida media de 900 euros en cada vehículo nuevo. Otro palo en las ruedas.

Y por si fuera poco el voraz apetito de la Administración con el automóvil, anuncia ahora que está estudiando un impuesto en forma de peajes para que paguemos cada vez que utilizamos las autovías, hasta ahora gratuitas. Mejor dicho, que repaguemos, porque, que yo sepa, las autovías las pagan todos los españoles con sus impuestos.

El desguace del sector tampoco está exento de los embates que recibe bajo el argumento de la seguridad. Esta semana se rebajó la velocidad de circulación en las ciudades, en ciertas calles, a 30 km/h; eso supone prácticamente la misma velocidad a la que van los vehículos alternativos como bicis y patinetes (25 km/h), con menores medidas de seguridad que un coche. La velocidad también se redujo en las carreteras nacionales y regionales, pero nadie habla de aumentar velocidades en autopistas seguras. Seguimos como en el siglo XX.

El automóvil se convierte así en el pagafantas de todos los dispendios presupuestarios de las administraciones que, cuando acaben con esta industria, habrán cumplido su santa misión.

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