El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan, el Moves, dotado con 400 millones, ampliables en otros 400 y con vigencia hasta el 2023, para facilitar la compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de hidrógeno a particulares. Hay también presupuesto para empresas que podrán adquirir furgonetas y furgones, así como para la instalación de postes de recarga. Bienvenido sea el Plan Moves, que seguro que potenciará la compra de más coches electrificados y ampliará la red de recarga, pero que en ningún modo va a conseguir el objetivo más urgente para la descarbonización del automóvil en nuestro país, que es la actualización del parque móvil que permita sacar de la circulación millones de coches viejos, inseguros y contaminantes, muchos de ellos con más de treinta años de antigüedad. Ese y no otro debería ser el primer objetivo de cualquier plan que persiga mejorar el medio ambiente.
Los coches antiguos contaminan más del doble que los modernos, ya sean de gasolina o diésel, y son ahora mismo el mayor problema para la descarbonización y la seguridad.
Podría pensarse que el Plan Moves, que premia con 7.000 euros la compra de un coche eléctrico si se achatarra un coche viejo, ya solucionará el problema, pero va a ser difícil que eso suceda. La razón es que la mayoría de esas antiguallas que circulan por nuestras calles y carreteras pertenecen a personas con un bajo poder adquisitivo. Está claro que nadie va en un coche destartalado, contaminante e inseguro por gusto, sino por obligación. La mayoría de sus usuarios se agarran a su coche, estiran su vida, porque no les queda más remedio. No tienen posibilidad de cambiarlos, salvo por otra antigualla similar. Estamos hablando de coches que están en mercados marginales de ocasión por tres mil euros o menos, que se heredan de padres o abuelos a hijos o nietos, o que pertenecen a jubilados que a duras penas llegan a final de mes con algo en la nevera. Es una cruda realidad, pero una realidad que el Gobierno no quiere ver. Aunque le ofrezcan un descuento de 7.000 euros para comprar un coche de más de 30.000 euros (de momento los eléctricos «low cost» no existen), les va a dar la risa.
Y hay que buscar una solución. Un Plan Renove, otro, que permita cambiar esos viejos y humeantes diésel, con prefijos provinciales todavía, por coches actuales, aunque sean de tamaño pequeño y con motores sin mucha potencia, de tres cilindros y el equipamiento justo de seguridad y confort. En ningún caso eléctricos, que son más caros, sino de gasolina, como paso intermedio en la descarbonización, a la espera de que la tecnología eléctrica o híbrida abarate sus costes.
Esos coches, cuyo precio debería estar entre los 10.000 y los 15.000 euros (los hay en el mercado), deberían además estar financiados con créditos muy blandos y accesibles para cualquier persona, incluso desempleados o mileuristas. No se puede pensar en cuotas mensuales de más de cien euros.
Solo así veríamos a estos usuarios de infracoches desfilar por los concesionarios entregando sus chatarras (con todo el respeto) y recogiendo coches nuevos. La electrificación, de momento, es para personas de alto poder adquisitivo, aunque desde el ministerio todavía no lo entiendan.