La DGT anuncia cambios en el ámbito urbano para reducir la elevada siniestralidad mortal. Pero la situación política actual puede frenar las modificaciones.
08 mar 2019 . Actualizado a las 22:18 h.La próxima disolución de las Cortes deja en el aire varios proyectos diseñados por la Dirección General de Tráfico para transformar las condiciones de seguridad vial en las ciudades españolas. El más destacado es el que establece nuevos límites máximos de velocidad en las calles de un carril y con un solo sentido de circulación, donde no se podrán superar los 30 kilómetros por hora si sale adelante el decreto de medidas urbanas confeccionado por la DGT y que tiene que pasar el trámite de la aprobación del Consejo de Ministros. Este cambio supone una importante transformación en la forma de convivencia en las ciudades entre los coches y los peatones, sin olvidar al resto de los vehículos que se mueven por el ámbito urbano, en especial las motos, las bicicletas y los patinetes eléctricos.
Con la aplicación de las nuevas limitaciones en las ciudades, los responsables de la DGT tratan de disminuir el número de víctimas mortales en las zonas urbanas. Argumentan que diferentes estudios destacan que el riesgo de muerte como consecuencia de un atropello se reduce considerablemente si el vehículo que impacta contra el peatón circula a 30 por hora, en vez de a 50, que es la velocidad genérica actual en las ciudades.
En todo caso se mantendrá en 50 km/h la velocidad máxima en las calles con dos o más carriles de circulación en el mismo sentido. Se trata, según Tráfico, de «lograr un impacto positivo en la reducción de la siniestralidad vial, especialmente en los colectivos vulnerables. Esta modificación garantiza, al mismo tiempo, la fluidez de los desplazamientos realizados en las grandes avenidas de la ciudad». El límite máximo se reducirá a 20 por hora en las calles que cuentan con una plataforma única para vehículos y para peatones.
Aunque la implantación de las nuevas medidas urbanas dependerá de la evolución política, los expertos consultados coinciden en señalar que hay un consenso más o menos generalizado en toda Europa sobre la conveniencia de reducir la velocidad en el ámbito urbano. El objetivo es la disminución del número de muertes en las calles de las ciudades españolas, donde en el año 2017 se dejaron la vida más de 500 personas.