El año pasado se matricularon en nuestro país 1.234.000 coches nuevos y 2.277.000 usados, lo cual quiere decir que casi tres millones y medio de españolitos cambiaron de coche. Las cifras pueden considerarse las normales para un país europeo con la población que tiene España. Es decir, alcanzamos la velocidad de crucero. Hasta ahí todo bien.
Sin embargo, seguimos teniendo un agujero negro, porque parte de la rica manzana de las ventas está podrida. El 59% de esos dos millones y pico de coches usados que han cambiado de manos son coches con más de diez años de antigüedad, los coches llamados «mileuristas», cuyo precio varía entre los 700 y los 3.000 euros. Por supuesto, son coches muy alejados de los estándares de contaminación y seguridad de los actuales.
La edad media del parque automovilístico español roza los catorce años, es de las más viejas de Europa, pero no hace falta más que salir a la calle y contemplar la gran cantidad de coches que todavía conservan las placas con los prefijos provinciales para constatar que coches incluso con veinte años de antigüedad pueblan calles y carreteras y no todos en óptimo estado.
Estos días se está hablando mucho de la necesaria renovación del parque móvil español. Por el problema medioambiental y también por seguridad. Y la solución está en crear planes de achatarramiento de esos vehículos antiguos. Pero socialmente hay que tener en cuenta que son vehículos que suelen utilizar personas con pocos recursos económicos y que además los necesitan para trabajar en muchos casos. No se puede recurrir a decretos tajantes que prohíban su circulación, pues se haría un gran daño social. Por tanto habría que darle acceso a créditos blandos, a una financiación generosa y a valorar el coche que se achatarra de forma razonable. Y también, y aquí son los fabricantes los que tendrían que entrar en ese plan de renovación del parque, habría que crear una oferta de coches muy básicos y económicos, aunque eso sí, dotados de las últimas medidas Euro6 de emisión de gases y con los sistemas de seguridad mínimos e imprescindibles, como airbags o controles de estabilidad.
Deberían ser coches muy baratos, funcionales, robustos y versátiles. Todas las marcas generalistas tienen modelos en sus gamas que se ajustan a estos requisitos.
Y desde la administración deberían ponerse a trabajar para poner al alcance de esos automovilistas con coches de veinte años de antigüedad una solución. Por delante incluso de los planes como el Movalt, que el pasado año incentivó la compra de vehículos eléctricos e híbridos, debería anteponerse un plan de achatarramiento para los vehículos más antiguos. De qué vale que se hayan matriculado el pasado año 62.000 coches con la etiqueta ECO si a cambio ruedan cada día por las carreteras españolas millones de coches sin control en sus emisiones.
Es necesario que en los presupuestos del Estado, cuando se consigan cerrarlos este año, se incluya ya una partida para ayudar a esos automovilistas que viajan en antiguallas y no precisamente por gusto. Y sobre todo que se abran fuentes de financiación barata para ellos. Eso, como mínimo, antes de expulsarlos de los centros de las ciudades, como pretenden ya algunos alcaldes-alcaldesas.