Gobierno de coalición a prueba, la irrupción de Vox y el ocaso de Cs

España comenzó el 2020 pendiente de la formación del Gobierno que se materializó el 7 de enero al otorgarle el Congreso la confianza a Pedro Sánchez por mayoría simple, la más ajustada de la democracia. Obtuvo el respaldo de 167 parlamentarios -PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País-Compromís (3), Nueva Canarias (1), BNG (1) y Teruel Existe (1) y el voto en contra de 165, los del PP (88), Vox (52), Ciudadanos (10), Junts per Catalunya (8), CUP (2), UPN (2), CC (1), Foro Asturias (1) y PRC (1).

El Gobierno del secretario general del PSOE resultó pionero en su composición, al tratarse del primer Ejecutivo de coalición de la democracia, entre los socialistas y Unidas Podemos, y por incluir por primera vez a miembros del Partido Comunista.

Sánchez había llegado a la Moncloa en junio del 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, pero ERC le tumbó los Presupuestos del 2019 y él convocó elecciones para abril. Al no lograr un acuerdo con Podemos ni con Ciudadanos para formar Gobierno, los comicios se repitieron el 10 de noviembre. Tras más de un año de inestabilidad, de dos elecciones, de la tensión del desafío independentista y de una polarización extrema, esas urnas redibujaron el sistema de partidos: Vox pasó de 24 a 52 escaños y se convirtió en la tercera fuerza en el Congreso. Cs experimentó el proceso a la inversa: pasó de 57 a 10 tras negarse a pactar con el PSOE, y Albert Rivera dejó la política. El PP se rindió a postulados de la derecha más extrema para combatir a Vox. Y la consecuencia de todo es una legislatura crispada como no se había visto desde la última etapa de Adolfo Suárez. 

Apoyo independentista

El otro ingrediente de tirantez lo aporta el independentismo. Sánchez se arrimó a los secesionistas catalanes para lograr su investidura -abstención de ERC (13), a cambio de una mesa de negociación, y de Bildu (5)- y aprobar los Presupuestos del 2021 con el apoyo de PNV, ERC y Bildu. Este último exigió acabar con la dispersión de los presos de ETA, impuestos a la riqueza y la derogación de la reforma laboral. También el independentismo jugó un papel importante en la aprobación del estado de alarma, pese al «me importa un comino la gobernabilidad de España» que soltó Montse Bassa (ERC), hermana de la exconsejera presa por el 1-O.

La marcha de Illa, el cambio de Darias y la llegada de Iceta 

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es, con 22 ministerios, el segundo más numeroso de la democracia, tras el tercero de Adolfo Suárez, y el segundo paritario (después del segundo de Zapatero), con 11 hombres y otras tantas mujeres.

Para su nacimiento fue necesaria la intervención de actores de la política catalana, y un año después también se mostró la relevancia de esa comunidad para la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa. La máxima popular de que para ganar en Madrid hay que hacerlo en Cataluña, que el socialista se había aplicado en su momento con su acercamiento al secretario general del PSC, Miquel Iceta, y que recientemente reprodujo Pablo Casado con motivo de las elecciones del 14F en Cataluña, está detrás del primer cambio en el Gobierno.

Pero la dimisión de Salvador Illa como ministro de Sanidad el pasado 26 de enero para concurrir a las elecciones catalanas levantó todo tipo de comentarios. Algunos de aquellos que pedían ya su dimisión por, en su opinión, su nefasta gestión de la pandemia, pasaron a criticar su marcha a Cataluña por dejar huérfano el departamento en plena tercera ola del covid-19. Otros se vanagloriaron del efecto Illa, que logró, como vaticinaban las encuestas, casi duplicar los 17 escaños que hasta entonces tenía el PSC en el Parlamento autonómico.

Esa minicrisis en el Gobierno llevó a Carolina Darias a cambiar la cartera de Política Territorial por la de Sanidad y ceder la primera a Miquel Iceta, un hábil estratega político que, a su vez, dejó la candidatura a la Generalitat y a quien le corresponderán las negociaciones de la mesa de diálogo con los independentistas catalanes, los mismos que lo vetaron en su día para ser nombrado por la Cámara autonómica senador cuando ya se sabía que Pedro Sánchez quería encargarle la presidencia de la Cámara Alta.

«No seas cabezón, Pablo» 

El «no seas cabezón, Pablo» que le soltó la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, al vicepresidente Pablo Iglesias en diciembre a raíz de una bronca por los desahucios, el SMI o el corte de suministros de agua, luz y gas a personas vulnerables resume la tensión en el año y dos meses que llevan el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición.

El ala socialista habla de discrepancias normales por tratarse de dos partidos en un Consejo de Ministros, pero esos choques se agravan día a día, por la búsqueda de protagonismos, por las medidas para combatir la crisis del covid-19 y el miedo a la reacción de la calle.

Los encontronazos entre las dos sensibilidades del Gobierno no cesan. Los morados comenzaron por denunciar que el Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, rechazaba su propuesta de suspender el pago de alquileres mientras dure el estado de alarma. Era marzo del año pasado, y el asunto, de tal relevancia que Iglesias dio una rueda de prensa pese a estar en cuarentena por el positivo en coronavirus de su pareja y ministra de Igualdad Irene Montero.

La bifurcación de intereses hizo que Podemos presentase enmiendas a sus Presupuestos del Estado para vetar los desahucios y suministros a personas vulnerables. Pero también hubo broncas por la monarquía, el rey emérito y la democracia. La Moncloa no ve extraño que Patrimonio Nacional pague asistentes a Juan Carlos I y se opone a una comisión de investigación sobre él. Todo lo contrario opina Podemos, que tampoco ve la democracia en España como «plena». Ambos socios pugnaron por modelar en el Código Penal delitos de opinión. Y tras el encontronazo por la ley de libertad sexual planteada por Irene Montero y corregida por Carmen Calvo y Juan Carlos Campo, el partido morado se abstuvo en la tramitación de la ley trans, o ley Zerolo, del PSOE. Los de Iglesias presentaron enmiendas a la ley Celaá y al proyecto contra el fraude fiscal y rechazaron la reforma de las pensiones diseñada por Escrivá. Es solo una pequeña muestra de las colisiones en un año de coalición.