Una cogobernanza lastrada por la falta de marco jurídico

El de cogobernanza es uno de esos términos, junto a desescalada o «nueva normalidad», que los españoles nos acostumbramos a oír durante este año de azote del coronavirus. Tras un primer período en el que la declaración del estado de alarma redujo al mínimo la capacidad de las comunidades autónomas para tomar decisiones que afectaran a la limitación de la movilidad de los ciudadanos o a las restricciones al comercio, y con los ministros de Sanidad, Interior y Transportes actuando como únicas autoridades competentes, la primera vez que los españoles oyeron hablar de cogobernanza fue el 2 de mayo, cuando se dio por superado el que entonces se consideraba el período más duro. «Ahora que hemos superado los peores momentos de urgencia, podemos ahondar en la coordinación y mejorar la cogobernanza de la desescalada», dijo desde la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un anuncio que pretendía dejar progresivamente en manos de las comunidades la gestión de la pandemia, aunque el Ejecutivo se reservara plenas facultades para imponer su criterio si lo consideraba necesario.

Diferentes normas en el período clave

Pese al mando único, el contacto con los presidentes autonómicos había sido constante desde el primer momento. Al día siguiente de que se decretara el estado de alarma, Sánchez convocó una conferencia de presidentes telemática, que se repitió luego semanalmente hasta 14 veces y en la que, a pesar de los acuerdos mayoritarios, no faltaron reproches, exigencias y cruces de acusaciones pidiendo mayor poder de decisión y dotación de recursos, especialmente por parte del catalán Joaquim Torra, el vasco Urkullu, la madrileña Díaz Ayuso y el andaluz Moreno. Finalmente, la cogobernanza arrancaba formalmente el 19 de mayo, con una nueva prórroga del estado de alarma que situaba ya al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como única autoridad delegada por parte del Gobierno. Sin embargo, la cogobernanza real no llegó hasta que, con las cifras de muertos y contagios en mínimos, España afrontaba el verano, previsto precisamente por los expertos como el período más peligroso por la multiplicación de los desplazamientos, el aumento de los contactos con no convivientes y la relajación en el cumplimento de las normas.

Aquella cesión de competencias a las comunidades en la gestión del día a día de la pandemia no se vio acompañada, sin embargo, de una dotación equivalente de inversiones y recursos ni tampoco de un marco jurídico claro para que los Gobiernos autonómicos pudieran establecer confinamientos. Algo que de nuevo se tradujo en quejas de muchos presidentes regionales. Y del mando único y la aplicación estricta de reglas comunes dictadas desde el Ejecutivo central se pasó a un cierto caos regulatorio en el que cada comunidad aplicó normas diferentes a la hora de establecer limitaciones de aforo en playas, comercios y locales de hostelería, mientras el Gobierno central parecía inhibirse y abandonaba la presencia constante en la televisión pública de Pedro Sánchez. Una situación que hizo que la presión de los ciudadanos ante los problemas originados por la pandemia y el fuerte impacto económico de las restricciones se trasladara a las autonomías.

Pronto se vio que la fórmula de la cogobernanza tenía muchas carencias. Y, tras el verano, los datos empeoraron de forma alarmante. Con Madrid encabezando la lista de contagios y en medio de las protestas de Díaz Ayuso por la falta de medios, Sánchez se reunió con la presidenta madrileña en una cita que se hizo célebre por el exceso de banderas. Pero la reunión no evitó que el conflicto entre Madrid y el Gobierno central se agravara, con recursos ante la Justicia incluidos, ante la imposición de cerrar perimetralmente la comunidad, que luego se extendieron a medidas tomadas por otras autonomías, como el adelanto de la hora del toque de queda en Castilla y León. El resultado es que la fórmula de la cogobernanza no funcionó como se esperaba, y así lo reconoció el propio Pedro Sánchez el pasado 24 febrero en el Congreso, al admitir que la desescalada diseñada en la primera ola se puso en marcha demasiado rápido y que la cogobernanza «pudo funcionar mejor».