La UCO reclama información al ADIF, registra la casa de Ábalos y detiene al exchófer de Sánchez en una nueva operación de amaños en obras del caso Koldo
ESPAÑA
El juez Ismael Moreno ordenó este martes abrir esta nueva línea de investigación y el presidente del Gobierno se ha desligado de los seis apresados, que ya están en libertad
05 nov 2026 . Actualizado a las 21:58 h.Solo unas horas después de la dimisión del presidente del ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, y de la salida de Óscar Puente de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda, con 69 muertos, la Guardia Civil desató este jueves una operación contra nuevos presuntos amaños de obra pública hasta ahora desconocidos, con epicentro en ADIF Alta Velocidad. Hasta la sede este gestor en Madrid se desplazaron varios agentes a reclamar información. La última información trascendida es que los seis detenidos, acusados por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y fraude fiscal, han quedado en libertad.
Entre los detenidos, figuran el empresario Cristian Corvillo, que condujo el coche de Pedro Sánchez durante las primarias del 2017, y Andrea De la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy en prisión. Los arrestos se han producido en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla. Los agentes también han acudido a la sede de la empresa pública Adif Alta Velocidad para hacer un requerimiento de información, sobre presuntos contratos de obra pública «amañados», lo que vuelve a situar las sospechas sobre la época en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes.
El propio Pedro Sánchez aseguró que «ninguna de esas personas tienen nada que ver» con él y ha precisado que aún no ha podido conocer los detalles de la investigación, pero ha apuntado a que «parece» que no es «nada nuevo» sino un caso «que ya lleva siendo investigado por parte de la Justicia unos cuantos años».
El despliegue de la Unidad Central Operativa (UCO), que se desarrolla bajo secreto judicial, tuvo otros dos focos destacados: el domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia, donde los agentes interrogaron a su pareja, Andrea de la Torre, y Córdoba, donde fue detenido el empresario Cristian Abel Corvillo, al que los investigadores habían vinculado como posible testaferro del comisionista Víctor de Aldama. Corvillo había sido chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 2017.
La irrupción de los agentes en las instalaciones de ADIF Alta Velocidad se produce en plena crisis del sistema ferroviario español, sacudido por el accidente de Urda del pasado 28 de octubre. Puente abandonó el ministerio el martes, al término de su comparecencia en el Congreso, mientras que Marco de la Peña presentó su dimisión este miércoles ante Carlos Cuerpo, nuevo responsable provisional de Transportes.
En la vivienda de Ábalos, situada en la avenida de la Constitución del barrio valenciano de La Zaidía, los investigadores interrogaron en presencia de su abogado a Andrea de la Torre, actual pareja sentimental del exministro, quien se encontraba en el inmueble cuando llegaron los agentes. Ábalos lleva casi un año encarcelado y ya ha sido condenado por el Tribunal Supremo.
El operativo está relacionado con una nueva pieza separada abierta el pasado martes, 3 de noviembre, por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas adjudicaciones fraudulentas de obra pública a cambio de comisiones ilegales.
La decisión judicial, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, responde a un nuevo informe remitido ese mismo día por los investigadores de la Guardia Civil. Una providencia de Moreno acredita que el magistrado recibió el informe número 168/26, elaborado por el área de Delincuencia Económica de la UCO (IUAFAC). La resolución es escueta. Tras dar cuenta de la recepción del nuevo informe policial, el juez ordena literalmente: «procédase a la apertura de una pieza separada».
El documento se incorpora a las diligencias previas 65/2023 de la Audiencia Nacional, concretamente a la pieza número ocho, dedicada a los contratos de obra pública. El secreto decretado sobre las nuevas actuaciones impide conocer el contenido íntegro del informe policial. No obstante, fuentes del caso apuntan a que revela nuevos supuestos amaños de adjudicaciones que hasta ahora no habían aflorado en la investigación.
La entrada de la UCO en la ADIF Alta Velocidad vuelve a situar al administrador ferroviario en el centro de las pesquisas sobre la corrupción que presuntamente operó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La investigación también afecta a su antiguo asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
El organismo ferroviario ya había recibido varias visitas de los investigadores. En junio del 2025, los agentes acudieron a sus instalaciones para recabar documentación sobre adjudicaciones investigadas. El 20 y el 26 de aquel mes se practicaron actuaciones relacionadas con expedientes de obras públicas. En septiembre de este año, Moreno volvió a requerir información sobre contratos bajo sospecha.
El procedimiento examina el supuesto favorecimiento de varias constructoras mediante adjudicaciones de contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas. Entre las empresas citadas en las resoluciones judiciales figuran Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Nuevo frente
La detención de Cristian Corvillo abre otro frente dentro de esta operación. El empresario cordobés, antiguo militante socialista que ejerció como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del 2017, apareció en las investigaciones del caso Koldo en febrero del 2024, cuando la Guardia Civil detectó sus conexiones con Víctor de Aldama y el entorno del entonces ministro Ábalos.
Su protagonismo creció en octubre del 2024, cuando un informe de la UCO lo situó «a las órdenes» de Aldama en las gestiones para adquirir un chalé en La Alcaidesa (Cádiz), valorado en más de medio millón de euros y presuntamente destinado a Ábalos. Los investigadores sospechaban que Corvillo colaboraba directamente con el comisionista para intentar cerrar aquella operación inmobiliaria.
Las conversaciones intervenidas revelaron que el 24 de enero del 2021 Aldama le remitió el anuncio del inmueble y Corvillo le dio su visto bueno. La Guardia Civil también localizó mensajes sobre una reunión que ambos habían concertado con el entonces ministro de Transportes el 8 de enero de ese año.
Los investigadores sospecharon igualmente que Corvillo había ejercido como testaferro de Aldama en otra operación, relacionada con la compra de una vivienda en la urbanización madrileña de La Moraleja, en Alcobendas. Las pesquisas alcanzaron también a su hermano Rubén, vinculado a sociedades utilizadas por el comisionista.
En concreto, Rubén Corvillo estaba vinculado a Corvillo Energy, una empresa que adquirió participaciones en otra mercantil utilizada por Aldama para recibir fondos relacionados con las adjudicaciones de mascarillas investigadas por la Guardia Civil.
Cristian Corvillo compareció en marzo del 2025 ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se negó a responder a las preguntas de los parlamentarios. Más recientemente, el pasado septiembre, declaró como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la investigación sobre el fraude de hidrocarburos vinculado a Aldama. También compareció su hermano Rubén.
Servinabar
Otra de las principales líneas de investigación de la pieza de obra pública gira alrededor de Servinabar, la empresa vinculada al empresario Antxón Alonso cuya relación comercial con Acciona examina la Guardia Civil. Los investigadores sospechan que Santos Cerdán y miembros de su entorno familiar pudieron beneficiarse de fondos de esa sociedad.
Los informes policiales incorporados a la causa apuntan a que el 87,04 % de los ingresos de Servinabar procedía de Acciona o de proyectos vinculados con la constructora. La UCO también ha cuantificado en al menos 323.178,41 euros los beneficios que, según sus pesquisas, habrían disfrutado Cerdán y algunos familiares entre el 2015 y el 2024.
La investigación patrimonial seguía activa en las últimas semanas. El 15 de octubre, Moreno ordenó recabar documentación y evidencias digitales intervenidas en el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra), así como información entregada por el PSOE a otro juzgado de la Audiencia Nacional, para profundizar en el origen de los ingresos del exdirigente socialista.
Seis días después, el juez incorporó nueva documentación remitida por Acciona Construcción. La empresa entregó facturas, partes de trabajo, controles de presencia y correos electrónicos relacionados con los servicios prestados por Servinabar en una unión temporal de empresas adjudicataria de una variante de Logroño.
Tampoco es la primera vez que la UCO registra el domicilio valenciano de Ábalos. El 10 de junio de 2025, los investigadores permanecieron casi diez horas en el piso del exministro buscando pruebas del supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones fraudulentas de obra pública. Aquellas actuaciones precedieron a la imputación de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.
Fruto del registro de la vivienda y de un local propiedad del exministro situado en el mismo edificio, los agentes se incautaron de un total de 38 «evidencias digitales», entre teléfonos móviles, discos duros, memorias externas y una tarjeta SIM, además de cinco libretas y diversa documentación en papel.