La Fiscalía Europea señala a Aldama y otros empresarios por desviar 27,9 millones de euros a Portugal

Almudena Santos MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El comisionista Víctor de Aldama, condenado por el caso Mascarillas.
El comisionista Víctor de Aldama, condenado por el caso Mascarillas. ZIPI | EFE

La investigación apunta a que la red habría utilizado sociedades pantalla para ocultar los beneficios del fraude de IVA de los hidrocarburos mediante transferencias circulares hacia España

02 sep 2026 . Actualizado a las 13:53 h.

La Fiscalía Europea sitúa en el centro de un nuevo entramado de blanqueo a Víctor Aldama y a otros tres empresarios tras detectar el desvío de 27,9 millones de euros desde España hacia Portugal. Según las pesquisas procedentes de la investigación lusa -y que ya han sido remitidas al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz-, la red empleó un entramado de sociedades pantalla sin actividad comercial real para ocultar y recircular las ganancias del fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos. El dinero evadido se habría canalizado mediante transferencias circulares que acababan de retorno en cuentas españolas, en terceros países o plataformas de criptomonedas.

Según consta en las actuaciones remitidas por la delegación portuguesa de la Fiscalía Europea, las transferencias se habrían realizado entre 2022 y 2024 desde varias distribuidoras de combustible españolas —como Salamanca Fuel, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000— hacia el sistema bancario portugués. La investigación pone de relieve que estas mercantiles carecían de operativa real en el sector energético y que solamente servían de cauce para simular pagos por suministros y, así, evitar el pago del IVA correspondiente. Tras pasar por cuentas portuguesas o por intermediarios internacionales en países como China o Reino Unido, al menos 9 millones de euros habrían regresado de vuelta a España.

La Fiscalía Europea señala tanto a Víctor de Aldama como a los empresarios Nuno Miguel Santos Lucas, José Manuel Recio Hernández y Juan Catalán Béjar por facilitar el uso de firmas lusas para dar salida al dinero evadido. En concreto, la investigación atribuye a Aldama la captación de más de 7,4 millones de euros entre el 2022 y el 2023 a través de su sociedad instrumental Atmosferaudaz. Estos fondos, procedentes de las petroleras españolas investigadas, fueron posteriormente redistribuidos hacia otras sociedades vinculadas a sus negocios e inversiones en España —como MTM 180 Capital o Logística Comercial Montelimar—, cerrando así el circuito de blanqueo de los beneficios del fraude.

El análisis de las cuentas de Atmosferaudaz revela que la compañía de Aldama, constituida con el objeto formal de la consultoría e inmobiliaria pero sin compras de bienes raíces registradas en Portugal, tampoco adquirió suministros de combustible para justificar tales ingresos. Por el contrario, la investigación señala que la mercantil habría sido utilizada principalmente para financiar vehículos, arrendamientos y transferencias hacia sus estructuras en España. Este patrón repetitivo en el entramado —que incluye el desvío de otros fondos a intermediarios en China o a plataformas de trading de criptomonedas como Kraken— consolida, según el decreto de la Fiscalía Europea, la sospecha de una operativa exclusivamente orientada a blanquear las plusvalías ilícitas del fraude del IVA antes de reinyectarlas en el circuito legal.

Tras destapar este modus operandi, la Fiscalía Europea ha acordado inhibirse y traspasar el procedimiento al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el del instructor Santiago Pedraz, donde ya se investiga un fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos en España -y que este jueves retoma las citaciones de testigos y acusados- que alcanzaría los 182 millones de euros. Al constatar que las sociedades pantalla no tenían actividad económica ni tributaria en Portugal, el órgano comunitario concluye que los delitos se habrían cometido en suelo español, por lo que deja en manos de este magistrado las actuaciones y los casi 11,8 millones de euros que permanecen embargados en las cuentas portuguesas del entramado.