Iustitia Europa denuncia al rey Mohamed VI ante la Corte Penal Internacional por la avalancha de Ceuta
ESPAÑA
La formación pide investigar si Rabat utilizó a civiles y menores como instrumento de presión contra España
10 ago 2026 . Actualizado a las 21:08 h.Iustitia Europa ha presentado este lunes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, una denuncia contra el rey Mohamed VI de Marruecos y el primer ministro del país, Aziz Akhannouch, por su posible responsabilidad en la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Una avalancha que, según Interior, se saldó con la entrada irregular de 72.000 personas, además de la muerte de un centenar de extranjeros a uno y otro lado de la frontera. La formación política pide que se investigue si las autoridades marroquíes utilizaron deliberadamente a población civil, incluidos menores, para desbordar la frontera y presionar a España.
El escrito, de 31 páginas y a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, solicita que los hechos sean examinados como posibles crímenes de guerra y de agresión. Iustitia Europa reclama que la Fiscalía internacional determine si el movimiento de decenas de miles de personas fue espontáneo o estuvo «organizado, promovido, alentado, facilitado, dirigido o instrumentalizado desde estructuras del Estado marroquí».
La propia denuncia admite que la inclusión del monarca y del primer ministro «no implica afirmar que exista actualmente prueba concluyente de una orden individualizada».
Lo que se pide, explica el documento, es investigar si Mohamed VI y Akhannouch, «por su posición y funciones, participaron, conocieron, ordenaron, autorizaron, promovieron o toleraron conscientemente los acontecimientos denunciados». La solicitud se extiende a cualquier autoridad civil, militar, policial o administrativa que pudiera haber intervenido.
Iustitia Europa sostiene que la dimensión de la entrada obliga a esclarecer qué ocurrió durante las horas previas en el lado marroquí. La denuncia plantea si existieron órdenes para «retirar, reducir, omitir o alterar los controles» y reclama la búsqueda de comunicaciones, reuniones, planes, informes de inteligencia u órdenes operativas que permitan determinar si hubo conocimiento anticipado.
El escrito sitúa en el centro de su argumentación la posible utilización de civiles para dificultar la reacción española. «Si se acreditara que autoridades estatales dirigieron conscientemente el movimiento de miles de civiles hacia una frontera protegida por fuerzas españolas precisamente para neutralizar o dificultar su reacción, correspondería a la Fiscalía determinar la relevancia penal internacional de dicha conducta», señala.
La organización solicita una investigación específica sobre los menores. Quiere saber cuántos participaron, cuántos tenían menos de 15 años, cómo llegaron hasta la frontera y si fueron incorporados deliberadamente a una eventual operación organizada. La denuncia invoca varios artículos del Estatuto de Roma relacionados con la utilización de civiles, el desplazamiento de población y la participación de niños en hostilidades.
También sostiene que el episodio podría encajar en las nuevas formas de «guerra híbrida», desarrolladas mediante instrumentos migratorios, económicos, tecnológicos o informativos y sin el empleo inicial de fuerzas convencionales. «El Derecho Internacional no puede quedar reducido a un modelo histórico en el que toda agresión tenga que comenzar necesariamente mediante una declaración formal seguida del avance de fuerzas armadas convencionales», afirma el escrito.
Según la tesis trasladada a La Haya, una operación estatal destinada a utilizar población civil para penetrar masivamente en otro país, desbordar sus controles fronterizos y condicionar su actuación soberana podría tener relevancia dentro del crimen de agresión regulado por el artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Esa calificación deberá superar, sin embargo, importantes obstáculos jurídicos y jurisdiccionales.