La Fiscalía envía cuatro denuncias por el ático de Ayuso al juzgado que ya investiga la compra
ESPAÑA
El Ministerio Público ha enviado los escritos del PSOE y tres particulares al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid para evitar investigaciones paralelas
10 ago 2026 . Actualizado a las 17:50 h.La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido al juzgado que ya investiga la compra del ático de Chamberí por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso las cuatro denuncias recibidas sobre la operación: la presentada por el PSOE y otras tres formuladas por particulares. El Ministerio Público pone así fin a sus diligencias preprocesales y concentra toda la documentación en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, que ya investiga la controvertida operación inmobiliaria.
La decisión figura en un decreto firmado este lunes por el teniente fiscal de Madrid, José Luis García-Juanes. La resolución ordena archivar las actuaciones iniciadas por la Fiscalía al comprobar que los mismos hechos ya están bajo investigación judicial. El juzgado ha abierto diligencias, aunque todavía no se ha pronunciado sobre la admisión de la denuncia que dio origen al procedimiento.
La causa nació a partir del escrito presentado el pasado jueves por Iustitia Europa, formación extraparlamentaria que pidió investigar la adquisición del inmueble por parte de Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad. La compra se cerró el 14 de abril por 6,3 millones de euros y desató una tormenta política por su precio, su posible destino y las dudas urbanísticas sobre el uso que pretendía darle el Ejecutivo autonómico.
El archivo acordado por la Fiscalía no supone que las denuncias queden descartadas. Los fiscales dejan de intervenir porque la ley impide mantener una investigación paralela cuando existe un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y una circular dictada en el 2022 obligan a cesar las diligencias para evitar duplicidades y trasladar al órgano judicial todo el material reunido.
Por ese motivo, el Ministerio Público enviará al Juzgado de Instrucción número 8 los escritos y documentos aportados por los cuatro denunciantes. Será ahora el magistrado quien decida qué diligencias practica y si existen elementos suficientes para continuar la investigación.
El PSOE dirigió su denuncia contra el consejo de administración de Planifica Madrid por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, además de cualquier otra infracción que pueda desprenderse del procedimiento seguido para adquirir el inmueble. Los socialistas también habían llevado la operación ante el Tribunal de Cuentas por las eventuales responsabilidades contables derivadas del empleo de fondos públicos.
Iustitia Europa amplió el foco. En su escrito plantea que la compra pudo encajar, además, en un delito de administración desleal del patrimonio público. La formación solicita que el juzgado reclame el expediente íntegro, los informes que justificaron la necesidad de la adquisición, las tasaciones, la documentación financiera y urbanística y los acuerdos adoptados por los órganos de Planifica Madrid.
También pide información sobre la posible intervención de la Consejería de Presidencia, las obras previstas en la Real Casa de Correos, la comisión abonada a los intermediarios, los costes fiscales y la posterior decisión de vender el ático. La operación incluyó un acuerdo de confidencialidad exigido a la propiedad antes de cerrar la compraventa.
El inmueble, situado en el paseo del General Martínez Campos, tiene 485 metros cuadrados, 199 de ellos de terraza. El Gobierno regional sostuvo inicialmente que podía servir como oficina temporal para Ayuso y un equipo reducido durante las obras en la sede de la Presidencia. Después matizó que su destino no estaba decidido, mientras la normativa urbanística municipal cuestionaba la posibilidad de instalar allí oficinas o dependencias administrativas.
Tras semanas de polémica, Planifica Madrid anunció el pasado viernes su venta mediante subasta pública. El precio de salida quedó fijado en 6,69 millones de euros, casi 400.000 euros por encima de lo pagado cuatro meses antes.