La Fiscalía retira la acusación contra dos exconsejeros catalanes por la vacunación de policías

Xavier Gual BARCELONA / E. LA COZ

ESPAÑA

La exconsejera de Salud de la Generalitat Alba Vergés, y su abogado Mariano Bergés, a su llegada a la Audiencia de Barcelona.
La exconsejera de Salud de la Generalitat Alba Vergés, y su abogado Mariano Bergés, a su llegada a la Audiencia de Barcelona. DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

El sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil solicitan 15 años de inhabilitación por el retraso en la administración a los agentes durante la pandemia

13 jul 2026 . Actualizado a las 19:50 h.

La Fiscalía retiró este lunes los cargos contra los exconsejeros de salud de la Generalitat, Alba Vergés, de Esquerra, y Josep Maria Argimon, de Junts, por el retraso en la vacunación a los policías y guardias civiles operativos en Cataluña en marzo del 2021, durante la pandemia de covid. La petición inicial era de 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil solicitan 15 años de inhabilitación para los acusados, también para otros tres altos cargos del departamento, el entonces número dos de Vergés, Marc Ramentol, el exdirector del Servicio Catalán de la Salud Adrià Comella, y el exresponsable de servicios Francesc Xavier Rodríguez.

El juicio, visto para sentencia, arrancó el pasado 30 de junio en la Audiencia de Barcelona y los acusados justificaron el retraso a la vacunación a problemas con el censo de agentes y a la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca por sus efectos secundarios, ordenada en su día por el Ministerio de Sanidad. Vergés declaró el pasado viernes que nunca dio la orden de parar la vacunación a los agentes de los cuerpos estatales: «Nuestra intención era vacunarlos a todos, a ellos y a todos los colectivos esenciales». Argimon sostuvo que priorizar la vacunación a personas de entre 60 y 65 años fue una «decisión bien tomada». En cambio, las acusaciones de Jupol y Jucil insisten en que el retraso obedeció a motivos políticos y no de carácter clínico o logístico como aducen los altos cargos de la administración catalana.