La UCO se queja de que el juez le veta acceder a datos de Hacienda del novio de Ayuso para investigar presuntas mordidas a Quirón

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Alberto González Amador en una imagen de archivo.
Alberto González Amador en una imagen de archivo. Borja Sánchez-Trillo | EFE

Los agentes sostienen que la información tributaria es «indispensable» para detectar posibles «flujos no declarados» y la Fiscalía recurre para que se amplíe el rastreo

08 jul 2026 . Actualizado a las 12:22 h.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se las está viendo y deseando para llegar a la información clave a fin de investigar al novio de Isabel Díaz Ayuso. Los operativos han insistido al juez Antonio Viejo en que necesitan acceder a la información tributaria de Alberto González Amador y del resto de personas y sociedades vinculadas a la pieza separada del caso Quirón para poder completar el análisis patrimonial encargado por el juzgado. Los agentes, después de que el magistrado le haya vuelto a vetar el acceso a datos claves del fisco, sostienen que disponer solo de los movimientos bancarios, sin los datos de Hacienda y de la Seguridad Social, «dificulta enormemente» la elaboración del informe.

La petición afecta a la segunda causa abierta contra González Amador, distinta de la pieza principal por doble delito fiscal del 2020 y el 2021 y falsedad documental. En este procedimiento se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y posible blanqueo en torno a la compra de Círculo Belleza, la sociedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Javier Camino, presidente de Quirón Prevención. La hipótesis que se investiga es si esa operación pudo encubrir una comisión vinculada a las relaciones comerciales posteriores con la compañía sanitaria.

La UCO ya pidió el 19 de diciembre del 2025 tres bloques de información: bancaria, tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. El juez respondió el 10 de junio con un auto en el que autorizó solo el rastreo de cuentas y productos financieros desde el 1 de enero del 2014 en 16 entidades bancarias. Dejó para más adelante la decisión sobre los datos fiscales y laborales.

En un oficio posterior, fechado el 17 de junio, la Guardia Civil advierte de que esa limitación complica la tarea que tiene encomendada. Los investigadores afirman que resulta «de gran relevancia» contar con la información que pueda aportar la Agencia Tributaria sobre las personas físicas y jurídicas que participaron en los hechos analizados. Y añaden que, para estudiar la operativa económica, es «indispensable» disponer al mismo tiempo de la información bancaria y tributaria.