La SEPI entra en barrena judicial con tres presidentes imputados y rescates bajo sospecha
ESPAÑA
Gualda se suma a Fernández y Lora en una cadena de causas que afectan a ayudas públicas por más de 760 millones de euros
06 jul 2026 . Actualizado a las 16:40 h.El mayor conglomerado societario del Estado afronta una tormenta judicial inédita desde que en 1995 sustituyó al viejo INI franquista. Los tres presidentes, bajo mandato de Pedro Sánchez en el Gobierno, al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) están imputados en estos momentos. Junto a ellos, una veintena de altos cargos completan una telaraña penal tejida por los hilos de varias causas en investigación que compromete ayudas públicas por más de 760 millones de euros, amén de otros escándalos y presuntos pelotazos económicos.
Cinco macrosumarios (SEPI-Cloacas,Plus Ultra-Zapatero, Air Europa, Koldo y Begoña Gómez), cuatro tribunales diferentes y una sospecha de corrupción sistémica cercan por todos los flancos a esta otrora joya de la corona del Estado. La lupa de los jueces sobre los rescates de la pandemia ha dinamitado los cimientos de una pieza clave de la Administración, un holding estatal garante de la soberanía industrial de España, que mueve más de 7.000 millones anuales y sostiene a cerca de 87.000 empleados.
Pero el fango que mancha lo que venía haciendo marca España va mucho más allá de los fondos de emergencia. El nombre de la SEPI aparece salpicado por escándalos más pedestres como los enchufes de las exnovias y amigas de José Luis Ábalos; las colocaciones de perfiles bajo sospecha como el de la fontanera de Ferraz, Leire Díez, en Correos; o los acomodos millonarios de piezas clave del partido, como el exgerente del PSOE Mariano Moreno al frente de Enusa, la firma pública vinculada a la energía nuclear.
Bajo la tutela directa del Ministerio de Hacienda, el gigante gestiona el patrimonio estratégico del Estado en corporaciones de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia, Correos, Tragsa o la propia Enusa. Pero su exposición al abismo judicial estalló al convertirse en la ventanilla única del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Aquel mecanismo, dotado con 10.000 millones de dinero público para salvar firmas asfixiadas por el coronavirus, cerró con 30 operaciones autorizadas por el Ejecutivo de Sánchez que movilizaron 3.255 millones.
La onda expansiva reventó las costuras del holding el pasado lunes. Ese día el magistrado Santiago Pedraz imputó a la actual presidenta, Belén Gualda, y amplió el encausamiento a otra veintena de altos cargos y empleados. La base de la imputación fueron las duras acusaciones de Anticorrupción, que ve indicios de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, organización criminal y uso de información privilegiada. El mapa fiscal sitúa en el centro al clan Hirurok [Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso], con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el presunto pilar. Una estructura definida como un nexo de influencia permanente para moldear voluntades públicas a favor de intereses privados.
Las pruebas recabadas por los agentes de la UCO de la Guardia Civil son consistentes. El 6 de julio del 2021, dos semanas antes de que el Consejo de Ministros aprobara el auxilio a la siderúrgica vasca Tubos Reunidos, una anotación encendía las alarmas: «Pese a la promesa de la presidenta de la SEPI... Los 112,8 millones de euros comprometidos por la SEPI están en el aire». El plan inmediato pasaba por que Antxon Alonso, dueño de Servinabar, jugara la baza del PNV demostrándole que manejaba información confidencial de la sociedad pública. La presunta red buscaba forzar una presión directa de los nacionalistas sobre Moncloa para desatascar los fondos. Catorce días después, el 20 de julio, el dinero fue aprobado.
Ese rescate es la principal fuga de agua para Gualda. La Fiscalía sostiene que Vicente Fernández, tras dejar la presidencia de la SEPI, retuvo sus terminales de acceso obteniendo ilícitamente datos reservados del expediente para filtrarlos a los directivos de Tubos Reunidos. El peaje por este lobby se camufló mediante 21 facturas falsas de «prospección de mercados» emitidas a Mediaciones Martínez, firma vinculada a la red, por valor de 114.959 euros. El sumario ya eleva el rastro de las comisiones en torno a la siderúrgica vasca a 247.459 euros, con citas de alto voltaje, como la celebrada en Ferraz el 13 de noviembre del 2024 entre Cerdán, Díez, Fernández y los jefes de la empresa.
Favor extra a Tubos Reunidos
«Julián Mateos ? SEPI». Esta es otra de las pruebas claves. La nota manuscrita apareció en la agenda intervenida al exdirigente socialista en Ferraz y condensa el tramo final del plan. Julián Mateos-Aparicio, director del FASEE y Promoción Empresarial, engrosa la lista de imputados. El 28 de marzo del 2025 firmó, delegándolo Gualda, la autorización para que Tubos aplazara una amortización obligatoria y dispusiera de casi 10 millones de la venta de un inmueble en la localidad vizcaína de Sestao. Anticorrupción afirma que, por este favor extra, Vicente Fernández se embolsó otros 40.000 euros más IVA.
Él, Fernández, fue el primero de la cadena de encausados. Llegado a la SEPI de la mano de María Jesús Montero (madrina también de Gualda), dimitió en octubre del 2019 tras ser investigado por Aznalcóllar, causa de la que fue absuelto. En diciembre del 2025 la UCO lo detuvo junto a Leire Díez y Alonso. Para el fiscal, Hirurok funcionaba como una maquinaria estable que operaba sobre expedientes de Mercasa, Enusa, Tubos Reunidos, el Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia, desviando fondos hacia Mediaciones Martínez, Servinabar o Next Generation Caliope Innova.
Entre Fernández y Gualda emergió Bartolomé Lora, quien pilotó el holding en funciones durante más de 500 días y hoy sigue como vicepresidente, imputado en el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por prevaricación administrativa por el rescate de 475 millones de euros a Air Europa, la aerolínea de los Hidalgo. Las denuncias torpedean la operación cuestionando el cumplimiento de las condiciones del FASEE, la tramitación exprés y la clamorosa falta de controles.