La UCO vincula al PNV con las gestiones de la trama corrupta de Leire Díez para el rescate de Tubos Reunidos
ESPAÑA
Un nuevo informe revela una reunión con Ortuzar y Aurrekoetxea para aliviar la devolución de los 112,8 millones poco después de las anotaciones de la fontanera sobre sus contactos con los nacionalistas vascos
05 jul 2026 . Actualizado a las 18:34 h.«Finalmente, la reunión habría tenido lugar el 28.01.2025, habiendo acudido a la misma De las Heras y Vicente por parte de Tubos Reunidos y Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea por parte del PNV». El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez Santiago Pedraz ya no habla solo de una «intermediación» genérica con «algún miembro del Partido Nacionalista Vasco» en las gestiones de la trama corrupta socialista para favorecer a Tubos Reunidos. El nuevo atestado pone nombres a esa vía: Andoni Ortuzar, entonces presidente del PNV, y Joseba Aurrekoetxea, exsenador y dirigente de la ejecutiva jeltzale. Según la UCO, ambos se habrían reunido con Carlos López de las Heras, directivo de Tubos Reunidos, y con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI e investigado en la red Hirurok. El informe recoge además indicios de contactos anteriores entre el entorno del PNV y la trama de Leire Díez ya en el 2021, durante la fase inicial del rescate.
La cita del 28 de enero de 2025 aparece en la nueva pieza sobre Tubos Reunidos dentro del caso cloacas, que hasta ahora permanecía secreta a la espera del resultado de los registros practicados en la empresa vasca el pasado 4 de junio. El documento sitúa esa reunión en una segunda fase de la operación, ya no centrada solo en la concesión inicial de los 112,8 millones de euros de ayuda pública de la SEPI, sino en las gestiones posteriores para aliviar las condiciones de devolución del rescate y permitir a la compañía disponer de fondos procedentes de la venta de un inmueble en Sestao.
El salto es relevante. En el informe 89/2026, conocido a principios de mes, la UCO ya había apuntado que, cuando la ayuda estaba «bloqueada», Leire Díez y Vicente Fernández «propusieron acudir a Santos y Antxon para impulsar» el rescate. «Santos» era Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez en el partido. «Antxon» era Antxon Alonso, empresario navarro, dueño de Servinabar y socio en la sombra de Cerdán, según la tesis de la Guardia Civil. La UCO añadía entonces que, «según las palabras de los propios investigados», las actuaciones de Hirurok consistieron «en al menos su intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco», gestión que «podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda». Aquel primer informe no daba nombres. El nuevo sí.
Antes de este último atestado ya había aparecido otra pista. La agenda Cantabria 2025, intervenida a Leire Díez, recogía una anotación del 15 de enero del 2025: «TRR, buena acogida en PNV». Junto a esa frase figuraban dos nombres sin apellidos, «Andoni y Joseba», además de referencias a intereses para el 2025 y el 2026 y a un «cambio en la actuación» con una sigla no desarrollada en los fragmentos entonces conocidos. Por el contexto del sumario, «TRR» encajaba con Tubos Reunidos. Pero faltaba la identificación plena.
El nuevo informe cubre ahora ese hueco. La UCO vincula la referencia manuscrita a «Andoni y Joseba» con Ortuzar y Aurrekoetxea y sitúa una reunión concreta apenas trece días después de aquella anotación. La investigación no atribuye al PNV, como partido, el cobro de comisiones ni una responsabilidad penal directa. Lo que sostiene la Guardia Civil es que la red integrada por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso utilizó su «capacidad de acceso a miembros del PNV» para empujar la operación de Tubos Reunidos.
El grupo, como ya constaba en el sumario, se autodenominaba Hirurok, «nosotros tres» en euskera, y aparece en la causa como una estructura de intermediación sobre expedientes públicos a cambio de pagos. La primera fase se remonta al 2020 y al 2021. Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, buscaba acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el instrumento creado por el Gobierno para rescatar a compañías afectadas por la pandemia.
La UCO sostiene que Fernández, pese a haber dejado la presidencia de la SEPI en octubre del 2019, conservaba información y contactos dentro del organismo. Alonso aportaba, según los investigadores, la vía política vasca. Uno de los mensajes más claros es del 9 de julio del 2021. Fernández escribió a Alonso para contarle que Belén Gualda, sucesora suya al frente de la SEPI, había sido convocada en Moncloa. «No sé exactamente si será el tema, pero no descarto que haya sido producto de tu conversación con Sabin Etxea», le trasladó. Sabin Etxea es la sede central del PNV. Cuatro días después se hizo pública la aprobación del rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones.
La UCO da importancia a ese adelanto. Ese mismo 9 de julio, Fernández informó al presidente de Tubos Reunidos de que el expediente estaba en el orden del día del Consejo Gestor del fondo y de que iba a aprobarse. Para los investigadores, el expresidente de la SEPI manejaba información interna antes de que fuera pública. El análisis de su teléfono habría revelado además contactos con responsables de áreas de participadas, comunicación y estructura corporativa del organismo estatal.
Inmueble de Sestao
La segunda fase se abrió en el 2024, cuando Tubos Reunidos vendió un inmueble en Sestao por 15 millones de euros. Ese dinero debía quedar afectado a la devolución del rescate, pero la empresa buscó disponer de esos fondos para obtener liquidez. Según la UCO, la compañía volvió entonces a acudir a la red de Leire, Fernández y Alonso para «sortear los acuerdos previos existentes». Ahí entra de nuevo Santos Cerdán. El sumario sitúa una reunión el 13 de noviembre del 2024 en Ferraz entre el entonces secretario de Organización del PSOE, Leire y dos directivos de Tubos Reunidos. En la libreta azul de Leire ya aparecía una anotación específica: «Reunión Tubos Reunidos». Y en la segunda agenda, dos meses después, la pista se desplazaba hacia el PNV: «TRR, buena acogida en PNV», «Andoni y Joseba» e intereses para 2025 y 2026.
La empresa formalizó el 14 de marzo del 2025 la petición de aplazamiento de una amortización y la dispensa para usar el dinero de Sestao. Una semana después, según la UCO, la Dirección Económico Financiera del FASEE validó la solicitud. Después llegaron los informes favorables de los servicios jurídicos y del comité de negocio. El 28 de marzo, el director del fondo firmó la autorización por delegación de Gualda.
La Guardia Civil eleva ahora las comisiones investigadas en torno a Tubos Reunidos hasta al menos 247.459 euros, una cifra superior a la que había aflorado hasta ahora en los informes anteriores del sumario. En el atestado 89/2026, la UCO hablaba de 114.950 euros que la red Hirurok habría percibido a través de Mediaciones Martínez SL, mercantil zaragozana que también aparece en otras piezas vinculadas a Servinabar y a la trama de Santos Cerdán. Después, en la segunda fase de la operativa, los agentes ya habían detectado otros 40.000 euros que Vicente Fernández habría facturado directamente a Tubos Reunidos por las gestiones para aplazar parte de la devolución de la ayuda pública. La nueva cifra amplía por tanto el perímetro económico conocido. La UCO atribuye esos pagos a las gestiones para desbloquear el rescate y, después, para modificar sus condiciones de devolución. Tubos Reunidos nunca devolvió la ayuda y acabó en concurso de acreedores el pasado mayo. La pieza enlaza tres planos: la influencia residual de Fernández en la SEPI, los accesos de Alonso al entorno del PNV y la intervención de Cerdán desde Ferraz. La novedad es que la UCO ya no deja la vía nacionalista en una referencia anónima. La sitúa en una reunión con Ortuzar y Aurrekoetxea.
El PNV defiende su mediación en favor de Tubos Reunidos
El PNV defiende sus gestiones «tanto en el ámbito público como en el privado» para salvar empresas «estratégicas» vascas en dificultades, como era el caso de Tubos Reunidos en enero del 2025, la fecha en la que, según constata la UCO en un nuevo atestado, los exdirigentes jeltzales Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea se habrían reunido con Carlos López de las Heras, directivo de la tubera alavesa, y con Vicente Fernández, expresidente de la Sepi investigado en la red Hirurok. En una nota difundida este martes, Sabin Etxea no desmiente la existencia de esa cita ni niega contactos para el rescate de la empresa o para aliviar la posterior devolución de los 112,8 millones de ayuda pública, actividades que encuadra en la actividad ordinaria de partidos políticos de todo ámbito e ideología, pero sí se desvincula expresamente de «las actividades que, en paralelo, pudieran esta realizando terceras personas». En ese sentido, el PNV apunta no sólo a las gestiones en favor de Tubos Reunidos, sino a su «preocupación en el pasado reciente» por Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH o CAF, «con acciones tanto en en el ámbito público como en el privado, con reuniones con miembros del Gobierno o contactos con las empresas implicadas». «Y seguirá haciéndolo en el futuro en caso necesario», remacha la ejecutiva presidida por Aitor Esteban, aún portavoz en el Congreso cuando se habría producido la reunión mencionada por la UCO.
El PNV se esfuerza visiblemente en justificar su labor en el rescate de empresas, cita sus iniciativas en Congreso y Senado en favor, por ejemplo, de la restructuración de la deuda de Tubos o la refinanciación de Astilleros Balenciaga y deja claro que Sabin Etxea «no es una excepción» porque tanto Bildu como múltiples fuerzas del arco parlamentario han presentado iniciativas para evitar el cierre de firmas clave en sus ámbitos de influencia.