Las graves acusaciones vertidas en su declaración truncan la línea de defensa de varios acusados por el espionaje a Bárcenas y evidencian las presiones para «torpedear» su investigación de la caja B del PP
11 may 2026 . Actualizado a las 16:55 h.«Un día entro en el despacho de Eugenio Pino (entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional y condenado años después por manipular el caso de los Pujol con pruebas ilegales) y me presenta al comisario Enrique García Castaño (jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo). Yo no sabía quién era. Entonces Pino le dice, «Enrique, este es (Manuel) Morocho». Instantes después (García Castaño) me mira y suelta: ¿tú qué haces aquí? ¡Si tendrías que estar muerto!». «Mi jefe de sección me llegó a decir que era la bestia negra del PP. La presión era sistemática. Solo querían quitarme de en medio».
La crudeza de este episodio relatado por el inspector jefe Manuel Morocho en el juicio a la operación Kitchen fue solo un aldabonazo más de una ristra de acusaciones que han sacudido la vista oral sobre el espionaje sin aval judicial a Luis Bárcenas. Morocho fue el jefe de la investigación del caso Gürtel entre 2009 y 2021 a través de un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Su declaración ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de la estrategia de defensa de algunos de los acusados. Los principales damnificados han sido exmandos del cuerpo durante el período en el que se ejecutó Kitchen y que hasta el interrogatorio de Morocho habían salido en buena medida indemnes en la valoración de la carga probatoria.
Agentes identificados
Pero además, las revelaciones sobre las presiones, injerencias, órdenes, contraórdenes, ofrecimientos y amenazas recibidas mientras investigaba, por mandato del juez Pablo Ruz, la pieza de los papeles de Bárcenas, señaló también a siete responsables de la UDEF y de otras unidades en estas presiones para no incluir en sus informes nombres como Mariano Rajoy o Ignacio López de Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, número dos del PP.
Morocho identificó a varios agentes que ni siquiera están sentados en el banquillo, pero cuya testifical en el juicio ha quedado en entredicho. Una circunstancia que abre la puerta a que el tribunal deduzca testimonio en la sentencia si considera que alguien ha mentido o faltado claramente a la verdad.
En suma, el marco que dibujó Morocho en la vista oral ?dando continuidad y coherencia a lo que ya declaró en fase de instrucción? interpela directamente al principio de neutralidad política que debe regir la actuación policial. Y cuando los señalados son integrantes de una cúpula de poder, en un órgano jerarquizado, la gravedad de lo denunciado aumenta. «Mi compromiso era con el magistrado, la instrucción, la organización policial y la sociedad, puesto que he prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos», justificó Morocho en una suerte de alegato como servidor público incorruptible.
Pero antes de verbalizar sus principios, el inspector relató con todo lujo de detalle la estrategia puesta en marcha para «torpedear» el avance de sus pesquisas judiciales abiertas tras la difusión en 2013 de los papeles de Bárcenas: las anotaciones sobre la contabilidad en B del PP entre 1990 y 2008, que registraron donaciones de empresas, particulares y los pagos de sobresueldos a dirigentes.
Un boicot «planificado» ?denunció Morocho? que permite inferir que la operación Kitchen que se juzga tuvo más objetivos e implicados que eliminar los documentos en poder de la familia Bárcenas para controlar los daños que pudieran generar a la cúpula del PP de la época. Se trató de obstruir desde la misma Policía la investigación dirigida por el juez Ruz y, a pie de campo, por el grupo de la UDEF del citado inspector, que acabaría dirigiendo una comisaría en el pueblo pirenaico de Canfranc-Estación, especializada en extranjería y tramitar DNI, cuando abandonó la dirección policial del 'caso Gürtel'.
Pruebas a Cospedal
En el juicio reveló, por ejemplo, que el comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y uno de los acusados, le ofreció un puesto en una embajada (China, Guatemala o Portugal), que son trabajos «bien retribuidos». Relató que en esta reunión este recibió una llamada «del ministro» del Interior, en alusión a Jorge Fernández Díaz, también acusado, para interesarse por su respuesta a este ofrecimiento. Contó cómo Olivera, que luego dirigió el centro de inteligencia policial, llegó incluso a comentarle que había entregado a Cospedal «un fax» de Bárcenas en el que se desvelan aspectos de los negocios del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, en Valencia: «Me dijo que lo tiene en su caja de seguridad. Era un documento importante. No sé por qué tenía que haber salido del ámbito de la investigación secreta».
Desde la DAO de Eugenio Pino, acusado en Kitchen, también se le pidió revisar el criterio usado hasta entonces para vincular a Bárcenas con «Luis el cabrón». Y añadió que se trató de dilatar más de un año la presentación del informe sobre el exalcalde de Pozuelo Luis Sepúlveda y marido de la ministra de Sanidad del PP Ana Mato, cuyo contenido derivó en que ésta fuera juzgada y condenada como partícipe a título lucrativo. Incluso aludió a una «mascarada» de la unidad de Asuntos Internos al investigarlo por una supuesta filtración.
Más grave aún, por la implicación de terceras personas, fue la denuncia que hizo de que el juez Ruz sospechaba que estaban siendo escuchado en su despacho de la Audiencia Nacional y tenía que reunirse con él en el pasillo o que, tras no dar su brazo a torcer, le «desmantelaron» poco a poco su unidad para no poder cumplir con su trabajo y le sobrecargaron con otros asuntos como el caso Campeón que afectó al exministro socialista José Blanco. «Se instaló un clima de autocensura y hubo informes (sobre la caja B del PP y los papeles de Bárcenas) que no se pudieron hacer por incapacidad manifiesta», concluyó Morocho.