El desplome de Cerredo, un misterio sin resolver un año después del accidente
ESPAÑA
La investigación desvela múltiples irregularidades, pero el caso sigue abierto
12 abr 2026 . Actualizado a las 13:36 h.El accidente mortal ocurrido en la explotación de Cerredo el 31 de marzo del 2025 ha desencadenado una importante crisis política en el Principado de Asturias que ha puesto en cuestión el modelo por el que se concedían permisos para extraer mineral desde la administración autonómica.
En las Navidades del 2018 se cerraron la mayor parte de las explotaciones mineras de carbón en Asturias, debido al acuerdo europeo para poner fin a la actividad en aquellas minas no rentables. Un hecho que supuso un punto y aparte a casi dos siglos de actividad industrial en la comunidad autónoma. Pero no fue un punto final, ya que la extracción de carbón nunca cesó del todo. En el pozo Nicolasa se siguió abasteciendo a la térmica de La Pereda y se mantuvieron extracciones para usos industriales y siderúrgicos. El Principado reconoce ahora que se ha podido usar un instrumento técnico para mantener la actividad eludiendo el plan de cierre: los denominados Proyectos de Investigación Complementaria (PIC).
El informe de la Inspección General de Servicios (IGS) revela cierta inseguridad jurídica en la forma en la que se han dado paso a estos proyectos. El PIC no existe como título administrativo en la legislación minera vigente; carece de una definición legal y de un procedimiento regulado, lo que ha permitido al Servicio de Minas «perfilar su naturaleza de forma subjetiva». Al tramitarse como un simple «proyecto técnico» y no como una concesión o permiso de investigación ordinario, la Administración admite que se evitaron trámites rigurosos, especialmente en el ámbito medioambiental.
Administrativamente, el PIC se define como un plan cuya finalidad es mejorar el conocimiento geológico y minero de una concesión ya otorgada para promover nuevas unidades o perfeccionar las existentes. A diferencia de los permisos ordinarios, el Principado permitió que incluyeran la extracción de mineral en tonelaje y tiempo limitados bajo la figura de «pruebas industriales», justificadas para verificar la idoneidad del producto antes de su comercialización. No obstante, el informe destaca una función adicional: el PIC se convirtió en una «obligación» para el titular cuando el proyecto de explotación original finalizaba. La Ley de Minas exige ejercer el derecho al aprovechamiento para evitar la caducidad; así, el PIC se utilizó como la herramienta para mantener la vigencia de las concesiones inactivas sin retomar una explotación comercial completa.
Esta práctica fue generalizada en Asturias, con autorizaciones en Mina Moscona, Salave, Pontones, La Esperanza u Ortosa-Godán. Los casos más recientes se sitúan en Cerredo, donde se autorizó extraer 60.000 toneladas de carbón pese a estar el terreno en restauración pública, y en Coto-Sur. En este último, la empresa TYC Narcea defiende la «independencia jurídica, técnica y económica» de su proyecto, alegando que es una unidad distinta a la clausurada y que su objetivo es la antracita de alta calidad, confiando en que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) avale la inaplicabilidad de la Ley de Cambio Climático a su actividad.
Menos recursos y menos rigor
El análisis de gestión describe un departamento operando con menos recursos y con menos rigor. El balance crítico revela deficiencias estructurales, como la reducción de la plantilla de 22 efectivos en el 2019 a solo 17 en el 2024, una merma que la Inspección ve incoherente con el aumento de la carga de trabajo. En cuanto a la inspección, se denuncia que las visitas se concertaban con las empresas y que las denuncias se enviaban íntegras al presunto infractor antes de personarse en la mina, permitiendo que pudieran corregirse u ocultarse los incumplimientos.
El presidente Adrián Barbón anunció una «orden estricta» de acudir a la Fiscalía ante cualquier indicio de delito, señalando especialmente la inactividad ante un contrato entre Blue Solving y Combayl, que preveía extracciones sin permiso. Por su parte, el coordinador de IU que forma parte del Gobierno, Ovidio Zapico, define el informe como la «piedra angular» para depurar responsabilidades.
El accidente de Cerredo ya provocó la crisis de coalición más intensa en el Principado por la negativa inicial del PSOE a apoyar una comisión de investigación. La oposición denuncia «caos y descontrol» y los grupos exigen aclarar la «mala praxis» y la «negligencia» en la gestión de los asuntos mineros. Pero Barbón retó al PP a acudir también a los tribunales si veían un delito.
En la presentación del informe el Principado aseguró que «el Gobierno hace lo suyo y cumplirá las once recomendaciones que en el mismo se establecen». Las recomendaciones de la IGS se centran en profesionalizar la administración minera, instando a crear una normativa autonómica que regule la transmisión de derechos y la autorización de proyectos como los PIC. Se propone redimensionar la plantilla, actualizar tecnológicamente el catastro minero y establecer protocolos de inspección que eliminen los avisos previos a las empresas.
Además, se exige una coordinación real entre las distintas consejerías con competencias territoriales para evitar que se ignoren actividades ilegales en montes públicos o zonas protegidas. La Inspección demanda también un control riguroso sobre las obligaciones financieras y medioambientales de las empresas, requiriendo una motivación expresa en los expedientes sobre solvencia técnica. Específicamente para los PIC, se recomienda contar con informes previos del Instituto para la Transición Justa (ITJ) que avalen la no vulneración de la prohibición de extraer carbón o la necesidad de devolver ayudas públicas. Finalmente, se insta a depurar responsabilidades por la inactividad administrativa ante contratos sospechosos, como el detectado en Cerredo entre Blue Solving y Combayl.