La declaración del fiscal general, clave para determinar su papel en la filtración
ESPAÑA
Feijoo acusa a Sánchez de «interferir» al confiar en la inocencia de García Ortiz
11 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El derecho a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 24.2 de la carta magna, obliga a que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, según el Tribunal Supremo, que hoy retoma el juicio contra el fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos. Este martes, se celebra la cuarta de las seis sesiones previstas y cuando ya han declarado la mitad de los cuarenta testigos citados en la causa contra Álvaro García Ortiz por la presunta filtración de una investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la baronesa popular Isabel Díaz Ayuso. El testimonio del jefe del ministerio público —previsto para mañana— es clave para determinar su papel en unos hechos de los que siempre se ha declarado inocente, una tesis que apoyaron la mayoría de los interrogados hasta la fecha, salvo el querellante y la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra. Tres periodistas aseguraron conocer el correo electrónico —en el que el abogado del empresario admitía dos delitos tributarios a cambio de pactar— antes de que este llegase a manos de García Ortiz. Se prevé que hasta el jueves, cuando se pronunciarán los alegatos finales, declaren otros seis informadores, entre ellos el que supuestamente filtró el mail, además del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y los guardias civiles que registraron el despacho del acusado.
El PP critica la «falta de ética»
«Confío en la Justicia y creo que la verdad acabará imponiéndose [...]. El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto en el juicio», valoró el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista publicada el domingo pasado en El País. Unas palabras que ayer criticó el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, porque, en su opinión, «rompen» la independencia judicial. «Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática, y de su falta de ética y de responsabilidad [...]. Esto no había ocurrido en cincuenta años de democracia», lamentó el jefe de la oposición en un acto político en Melilla, donde reunió al comité de dirección de su partido.
También la Asociación de Fiscales (AF) censuró el comentario del socialista porque «se ha inmiscuido» en la función de juzgar. «Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho, y solo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales», señaló su ejecutiva en un comunicado.
Page: «Deseo que le vaya bien»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien dijo tener una buena imagen de García Ortiz, espera que este «se puede defender bien», aunque estimó que se defendería mejor si hubiera dimitido, «no estando en la Fiscalía, aunque fuera por coherencia». El también secretario general de los socialistas en esta comunidad apuntó que «al final esto va a acabar en una sentencia, en la que sea, y es la que hay que acatar. Pero le deseo que le vaya bien en el juicio». Más austera fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita a la compañía Urovesa, en la localidad pontevedresa de Valga: «Como jurista y como persona, hay que dejar que los tribunales trabajen, y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Y yo confío plenamente en la resolución que dicte la sala segunda del Supremo».
Desde Podemos, su secretario de organización, Pablo Fernández, definió el juicio como un «evidente caso de lawfare» y confió en que este acabe con la absolución del fiscal general y se condene a los «verdaderos delincuentes [...], que son González Amador, Ayuso y la empresa corrupta y corruptora Quirón».