Una jueza obliga a cerrar diez pisos turísticos de un mismo bloque por molestar a una familia con dos hijos, en Madrid
ESPAÑA
Lo diferencial del caso es que la sentencia no valora la legalidad o no de las viviendas turísticas, sino que basa su fallo en la grave alteración a la vida de la familia, una de las pocas que ha aguantado en el edificio. Es un claro caso de «mobbing inmobiliario»: Les ofrecieron una una cantidad «ridícula» por su piso «para que se vayan»
07 jul 2025 . Actualizado a las 16:09 h.El Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha dictado una sentencia en la que decreta el cierre de diez pisos turísticos de un inmueble de la céntrica calle Toledo en el que el 75 % de las viviendas (hay 60 apartamentos) se destinan al alquiler turístico. Ordena además «la abstención de desarrollar dicha actividad en el futuro» en esas viviendas, que son las que están en la escalera en la que vive la familia denunciante. Además, según el fallo que ha adelantado El País y que recoge la agencia Efe, las empresas que los gestionan tendrán que pagar 37.000 euros por los problemas que les han causado.
La novedad es que la sentencia no cierra los pisos porque incumplan la normativa referida a este tipo de viviendas, una cuestión en la que no entra, sino que da la razón a la familia que demandó a las cuatro empresas gestoras por los problemas que causan los pisos que alquilan a su alrededor, según destaca el letrado de la familia, Miguel Ángel Rubio Sánchez, de Sofima 10 Abogados. La jueza declara vulnerado el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de los demandantes «por inmisión de ruidos y realización de actividades ilícitas e insalubres».
Cuadros de ansiedad y depresión por las molestias sufridas
La familia relataba que su piso «se encuentra literalmente rodeado de viviendas para alquiler turístico, cuya explotación es ilegal por resolución administrativa» y cuyos responsables han sido multados, pero siguen desarrollando esa actividad. Detallaba que las empresas denunciadas están vinculadas al administrador y al presidente de la comunidad de vecinos.
Los denunciantes referían destrozos en las zonas comunes y «molestias constantes» por las que sufren problemas de salud como falta de sueño, ansiedad y depresión. Esto afectaba a la pareja y a sus dos hijos pequeños, según ha reconocido ahora la magistrada.
En la sentencia, que es recurrible, la jueza cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para apuntalar que el derecho de propiedad tiene límites.
Se mantenían relaciones sexuales en espacios comunes
Da por probadas todo tipo de «posibles actividades dañosas para la finca en sí y sus moradores, no resultando solo meramente molestas, sino incluso insalubres, e indecentes y hasta ilegales, al no constar regularizada la actividad, en vía administrativa». «Así las molestias sufridas exceden del uso normal de los elementos comunes, llegando a afectar a la vida privada y familiar desarrollada en el interior del domicilio de los actores», en referencia a los denunciantes, añade la sentencia.
También considera probado, con las pruebas recabadas, que hay «huéspedes utilizando los espacios comunes para mantener relaciones sexuales incluso, y múltiples intervenciones policiales que, además de perturbar la pacífica convivencia, han impedido a los vecinos su necesario descanso, afectando a su derecho a la integridad física y moral».
Y precisa, en contra de lo alegado por las empresas que alquilan los pisos, que el hecho de que la familia comprara su vivienda sabiendo que había pisos turísticos en el inmueble «no implica que necesariamente estén obligados a soportar unas molestias» como las relatadas durante años.
Para el letrado de los demandantes esta sentencia es relevante porque defiende «los derechos fundamentales de una familia a la paz y a la intimidad en su domicilio», y resuelve sobre una cuestión sobre la que no había jurisprudencia.
El abogado pone de relieve que detrás de la situación que viven esta y otras familias «hay un mobbing inmobiliario», ya que a sus representados les han ofrecido una cantidad «ridícula» por el piso «para que se vayan».
La sentencia sigue el criterio de la Fiscalía, mientras no acepta los argumentos de las entidades demandadas, que sostuvieron que las molestias que pueden provocar sus usuarios son similares a las que podrían causar otros inquilinos en cualquier bloque, y que los denunciantes no sufren serios problemas de salud.