La jueza acusa al líder del PSOE extremeño de «fraude de ley» y eleva su caso al TSJ tras su aforamiento
ESPAÑA
La instructora de la causa del hermano de Sánchez denuncia «un plan previamente concebido y organizado» para blindar judicialmente al ya expresidente de la Diputación de Badajoz
09 jun 2025 . Actualizado a las 15:09 h.«Fraude de ley». La jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa por la supuesta contratación fraudulenta del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, directamente acusa al líder del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, de haber recurrido a «maniobras» al margen de la ley con su aforamiento exprés para evitar sentarse en el banquillo ante la justicia ordinaria.
La instructora, aun así, ha decidido enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (ante el que ya estaría aforado Gallardo al convertirse en diputado autonómico tras forzar a la dimisión a cinco miembros de la lista socialista que le antecedían) para que los magistrados decidan si dan por bueno el ardid del imputado o por el contrario mantienen la competencia de los tribunales ordinarios. Según toda esta estrategia en realidad fue «un plan previamente concebido y organizado» para blindar judicialmente al ya expresidente de la Diputación de Badajoz.
«La anterior maniobra (la del aforamiento exprés) sería contraria a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces y juezas, así como los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal», apunta Biedma en exposición razonada de 102 páginas.
La jueza del caso David Sánchez -quien en su momento pidió sentar en el banquillo a Gallardo por haber movido los hilos para que el familiar del presidente del Gobierno fuera contratado como coordinador de los conservatorios pacenses por la Diputación de Badajoz que dirigía el imputado- incluye en su resolución un severo rapapolvo al hoy diputado autonómico y, en general, al PSOE por permitir esta suerte de aforamiento sobrevenido.
«Parece ser que en el momento histórico actual se ha olvidado que cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponer este sobre cualquier interés personal», porque es «ello es lo que lo legitima en el ejercicio de sus funciones», recuerda Biedma. «Ahora, más que nunca, y dada la realidad social que nos rodea, deberían recordarse las descripciones de la filosofía clásica- fundamento de la configuración de las bases teóricas de la democracia moderna- sobre el «buen gobernante», cuyo comportamiento debe ser ejemplar y anteponer siempre el interés público al suyo propio», abunda la jueza.
La instructora se ve en la obligación de recordar al partido y al imputado que «las prerrogativas inherentes al cargo público, como el aforamiento, fueron concebidas para proteger las funciones de ese cargo público, no a la persona que lo ostenta, no siendo admisible que en un Estado democrático se utilicen las instituciones públicas y los privilegios que de ellas derivan para fines propiamente personales».