La Fiscalía sale en apoyo del delegado del Gobierno en Madrid y pide desimputarlo
ESPAÑA
Recurre a la Audiencia Provincial y ataca al juez Peinado por buscar sonoridad
09 may 2025 . Actualizado a las 18:03 h.Se recrudece la guerra entre el Ministerio Público y el juez del caso Begoña Gómez. Si hace solo unos días el instructor Juan Carlos Peinado acusó al fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, de «no estar en el mundo en que vivimos» por oponerse a investigar el papel de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, ahora es San Baldomero el que reprocha al magistrado actuar «sin respaldo jurídico».
El fiscal, en el escrito en el que recurre la imputación este caso de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, lanza contra el juez acusaciones rayanas con la prevaricación como la de que solo busca la «sonoridad» con sus resoluciones en esta mediática instrucción.
La Fiscalía ha decidido impugnar la citación como investigado de Martín directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, puenteando así al instructor, quien el pasado martes imputó al delegado por delito de malversación de caudales públicos. Lo hizo tras admitir parcialmente una querella presentada por Vox que apunta que Francisco Martín permitió en su anterior cometido en Presidencia que Cristina Álvarez, la alto cargo que trabajó bajo su dirección, actuara como asistente personal de Gómez en su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.
San Baldomero recuerda que en esa querella de Vox solo se explicaba que Martín ostentaba en el 2021 el cargo de secretario general de la Presidencia y que por tanto era responsable y superior jerárquico de Álvarez, y lamenta que con tan «escaso desarrollo» se le impute «nada menos que por un presunto delito de malversación de caudales públicos, catalogado como delito grave y con notable penalidad».
«Por razón del cargo»
«Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo», lamenta el fiscal, para luego recordar que en realidad el nombramiento de Álvarez como asesora tiene lugar en julio del 2018, tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto, que por entonces estaba ocupado por Félix Bolaños, hoy ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que ya ha declarado en este procedimiento como testigo.
«No puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuesto erróneos», subraya el representante del Ministerio Público.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, esgrimió por su parte que «los distintos cargos del PSOE utilizan la abogacía del Estado y la Fiscalía como abogados de familia y personales».
En declaraciones a los medios tras un acto en Boadilla del Monte, García Martín solicitó a la Fiscalía que «deje trabajar al juez» y pidió al delegado que «dé un paso al lado, que dé explicaciones y que dimita». «No es de recibo que tengamos un delegado del Gobierno que esté imputado por graves delitos, en este caso de malversación de caudales públicos. Por tanto, que se defienda con sus propios servicios de la abogacía que quiera contratar y que a partir de ahí dé un paso a un lado», lanzó el consejero de Presidencia.
En el recurso, el fiscal explica que el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora tuvo lugar tres años antes de que Martín Aguirre llegara a ese puesto, por lo que «no puede pretenderse una participación en un nombramiento de hace tres años».